La operación policial y mediática lanzada ayer en el suburbio parisino de Villiers-le-Bel pone de manifiesto, ante todo, un estado de urgencia política. Con la popularidad de Sarkozy cayendo en picado y una creciente desconfianza en su programa económico, la cuestión de la seguridad vuelve a emplearse como cartucho político, a riesgo de lesionar valores esenciales en una democracia.

La muerte de dos jóvenes motoristas en un choque con un vehículo policial relanzó la tensión en este suburbio en noviembre pasado. La promesa de investigación calmó a las familias y un fuerte despliegue policial impuso la calma social. Ahora, con un operativo policial desproporcionado -más de un millar de agentes- y con actuaciones tan cuestionables como la de avisar antes a los medios que a las autoridades municipales de la localidad de la «bella operación policial» -en palabras de Michèle Alliot-Marie-, se vuelve a focalizar la atención en los «barrios calientes». A sólo unas semanas de las elecciones municipales, la ofensiva policial trata de presentar a un gobierno que sigue activo, y que cumple sus promesas, eso sí, sólo en el campo de la represión, ya que las relativas al poder adquisitivo han caído en el olvido. Durante unos días los ojos se fijarán en las banlieues, pero la crisis social y el descontento se extienden más allá de esos guetos oficiales.