El campo peruano vivió ayer su segunda jornada de paro general para exigir mejoras agrarias. El lunes, el Gobierno de Alan García decretó el estado de emergencia en ocho provincias del país, lo que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad, la inviolabilidad de domicilio y el derecho de reunión. García también autorizó al Ejército a vigilar las carreteras.

Las asociaciones campesinas que convocaron la movilización, la Junta Nacional de Usuarios de Riego (JNUDR) y la Convención Nacional del Agro se reunieron para decidir si continúan o no con las movilizaciones.

El presidente del consejo de ministros, Jorge del Castillo, dijo a la emisora Radio Programas de Perú que la situación vivida el lunes, con el corte de la carretera Panamericana, es «consecuencia de la irresponsabilidad de los dirigentes agrarios, que lanzaron a su gente a la calle sin medir las consecuencias».

Para el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, la protesta fue «un fracaso y sólo sirvió para exponer a miles de peruanos a violencias en zonas donde paralizaron las carreteras».

Los agricultores se declararon en huelga para reclamar al Gobierno mejoras en la deuda agraria, compensaciones por el tratado de libre comercio con Estados Unidos y el uso del agua. Cientos de campesinos bloquearon carreteras en todo el país, particularmente, la Panamericana Norte, una de las vías más importantes de Perú.

Esta circunstancia dejó varados a cientos de vehículos. En ese contexto se produjeron varios asaltos y, según fuentes policiales, una persona murió al intentar asaltar un autobús. El presidente de la JNUDR, Enrique Málaga, rechazó tener responsabilidad en lo ocurrido.