Cuestionan los criterios de evaluación de riesgos de las mujeres maltratadas
Interior de Lakua ha retirado la protección al menos a tres mujeres maltratadas bajo la excusa de que, al no haber sido agredidas en el último año, ha bajado su situación de riesgo. Acovidem pide al Departamento de Balza un sistema «personalizado» de evaluación de riesgos.
GARA |
El Departamento de Interior de Lakua ha decidido privar de la protección de escoltas que tenían tres mujeres de Gipuzkoa que habían sido maltratadas. La Asociación contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem) denunció ayer esta medida y cuestionó los mecanismos de evaluación del riesgo que las mujeres maltratadas tienen de volver a ser agredidas.
La presidenta de Acovidem, Esther Antero, y la secretaria de esta organización, Sonia Franco, comparecieron ante los medios de comunicación acompañadas de otra de las mujeres a las que les ha sido retirada la escolta. A una de ellas se le retiró la protección el 31 de enero y a las otras dos el 9 de febrero.
Sonia Franco relató que su ex pareja, después de cumplir un año de una pena de 27 meses de prisión, está sujeto a una orden de alejamiento a 500 metros, que no finalizará hasta el año 2011. Su escolta ha elaborado al menos dos informes sobre el quebrantamiento de esa orden de alejamiento y, a pesar de ello, la Ertzaintza le ha comunicado la retirada de la protección, que sustituirá con «contravigilancia». Ante esta situación, la secretaria de Acovidem aseguró que «vuelvo a ir acompañada, tirando de amigos para que me acompañen a sitios», y todo ello porque, como confesó, tras esta decisión de la Policía autonómica «me siento expuesta a una nueva agresión».
«Dependencia»
Las representantes de Acovidem se mostraron especialmente molestas por las respuestas que reciben por parte de la Ertzaintza. Así, denunciaron que a una de las mujeres a las que se retiró la custodia, cuando protestó por ello, le preguntaron «si no se habría encariñado con el escolta». Por eso, se declararon «hartas de la continua apelación de la dependencia que sentimos las mujeres hacia los escoltas» y exigieron que se deje ya «de cuestionar nuestra capacidad mental, emocional y afectiva».
En su opinión, el sistema de evaluación del nivel de riesgo que utiliza Interior «deja sistemáticamente en desprotección» a determinados grupos de mujeres, y reclaman una evaluación totalmente personalizada «y libre del encorsetamiento de un test rígido y protocolario».
En ese test figuran preguntas como «¿ha recibido amenazas o agresiones en los últimos tres meses?», que ponen como ejemplo de la diferencia de trato hacia ellas o hacia los políticos, a quienes aseguran que se mantiene la protección incluso dos años después de dejar su cargo.
Además, Acovidem critica que no se hagan reuniones periódicas de las mujeres y su escolta con la Ertzaintza, que consideran «cruciales» para la valoración del proceso, y aseguran tener la percepción de que «se minimiza la importancia de incidentes e información que facilitamos a la Ertzaintza, recibiendo propuestas como que aban- donemos el trabajo o cambiemos el domicilio».
Las mujeres maltratadas no aceptan como argumento el hecho de que durante el último año no les haya sucedido nada -«¡faltaría más!», exclaman-, porque «¿qué sentido tendría entonces llevar todo el día a una persona a nuestras espaldas?».
Interior responde
Casi de forma inmediata, Interior de Lakua emitió una nota defendiendo su sistema de protección a las mujeres maltratadas, asegurando que son muchas más de las que ordena el juez. Añadió que el sistema de evaluación de riesgo fue diseñado por la Ertzaintza y la Facultad de Sicología de la UPV.
«Estamos hastiadas de las continuas referencias a que tenemos que normalizar nuestras vidas [refiriéndose a vivir sin escolta], cuando quien nos ha sacado de la normalidad no ha sido la persona que nos protege, sino quien nos ha agredido».
A lo largo del año pasado se recogieron en Nafarroa un total de 963 denuncias por malos tratos, en la mayoría de los casos relacionados con la violencia de género.
Según los datos que figuran en la memoria de actividad de la Policía Foral, en 125 de los 258 atestados por malos tratos que se llevaron a cabo en 2007, víctima y agresor eran pareja; en otros 51 casos, se trataba de matrimonios; y en 45 ocasiones, agresor y víctima habían mantenido anteriormente relación de pareja.
Pero además de las agresiones registradas entre hombres y mujeres, también se produjeron denuncias por agresiones entre progenitores e hijos, en 24 ocasiones, y en otros nueve casos tenían otro tipo de vínculos familiares.
La Policía Foral solicitó medidas de protección para la víctima o alejamiento para el agresor en 190 casos, de los cuales 73 fueron denegados.
En lo que se refiere al resto de medidas de protección, 26 mujeres con «alto riesgo» de sufrir una agresión solicitaron un sistema de alerta a través de móvil; otras quince continuaron con el que tenían del año anterior; y en cuatro ocasiones en las que se considera que las mujeres están sometidas a «riesgo máximo» aceptaron el servicio de protección permanente que financia el Gobierno navarro, pero se presta a través de una empresa privada.
También se produjeron 32 denuncias por agresión a menores y 19 por delitos contra la libertad sexual.
