Los ocho guardias civiles ratificarán ante el juez la versión de Rubalcaba
Los ocho agentes de la Guardia Civil que, según el Ministerio español del Interior, fueron los responsables de la detención, posterior traslado y custodia de Igor Portu, comparecerán hoy a las 9.30 en el Juzgado de Donostia en calidad de imputados. Los ocho avalarán previsiblemente la versión que difundió e hizo suya Alfredo Pérez Rubalcaba tras el ingreso de Portu en la UCI del Hospital Donostia. El movimiento pro-amnistía ha convocado una protesta.
Gari MUJIKA |
Los ocho guardias civiles que a partir de las 9.30 de hoy comparecerán en calidad de imputados ante el juez de Donostia que instruye la investigación por supuestas torturas a Igor Portu respaldarán la versión que dio el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, horas después de que el lesakarra fuese ingresado con urgencia en la UCI del Hospital Donostia con múltiples golpes, un pulmón perforado y neumotórax. La defensa de los agentes del instituto militar, por su parte, intenta por todos los medios deslegitimar a Torturaren Aurkako Taldea que, finalmente, ha sido aceptado como acusación particular en el litigio judicial.
Alfredo Pérez Rubalcaba se vio forzado a comparecer en la tarde del pasado 7 de enero, después de que pasadas las 4.00 de la madrugada Igor Portu ingresara de forma urgente en la UCI hospitalaria. El ministro del Interior afirmó que efectivos de los GAR de la Guardia Civil tuvieron que «emplear la fuerza (durante las detenciones), por lo que se produjeron lesiones de distinta consideración». Quiso además anunciar que el segundo detenido, Mattin Sarasola, también mostraba lesiones en su cuerpo.
En la comparecencia, Rubalcaba omitió la hora del arresto. Una información que en apenas 24 horas desapareció de todos los medios de comunicación. Y es que el 6 de enero se informó de que los arrestos se practicaron a las 13.00 y en un control de carretera. Sin embargo, Rubalcaba sí informó de que Portu y Sarasola fueron detenidos en Arrasate o argumentó que las lesiones que presentaron se de- bían a que habrían tratado de huir, por lo que los guardias civiles les habrían derribado.
Al forense 15 horas después
Esta será, según ha tenido conocimiento este diario, la versión que defenderán hoy los ocho militares en sede judicial.
A pesar de que esta declaración difiere ya claramente de la que se facilitó el día de los arrestos, también topa con varias contradicciones e interrogantes que necesitan de respuestas. Si bien la versión del Ministerio español del Interior afirma que las lesiones que presentaban los dos lesakarras fueron consecuencia directa de su «resistencia» a ser detenidos, en este caso queda por responder la razón por la que Igor Portu no fue llevado ante el médico forense hasta 15 horas después de practicar las detenciones.
Además, a esta versión también se contrapone la declaración que un testigo presencial de las detenciones realizó el 10 de enero en el Juzgado de Bergara. El testigo ocular afirma que los arrestos se practicaron ante la escuela Erguin de Arrasate, en el camino hacia el barrio Udala, y que los jóvenes no opusieron ninguna resistencia a la Guardia Civil. Añade, además, que se efectuaron en torno a las 10.30.
También se deben tener en consideración las declaraciones que realizaron tanto Igor Portu como Mattin Sarasola en sede judicial -el primero declaró en el Hospital Donostia-, y que, partiendo de que ambos se encontraban incomunicados, coinciden plenamente. A su vez, contradicen la versión oficial.
«El manual de ETA» de torturas
Otro de los elementos de este incipiente litigio judicial son los intentos que está llevando a cabo la defensa de los guardias civiles para desprestigiar a la acusación particular, representada por Torturaren Aurkako Taldea.
Solicitando al juez de Donostia que los ocho militares sean amparados por la Ley de Protección de Testigos, la defensa trae a colación que en el registro domiciliario de Lesaka la Guardia Civil se incautó de una edición del informe sobre torturas del TAT de 2003. En el documento de ese año, Torturaren Aurkako Taldea incluye varios anexos con distintos textos oficiales de otras tantas disposiciones judiciales en las que se da cuenta de varios escritos supuestamente incautados a militantes de ETA en los que se dice que siempre se deben denunciar torturas a manos policiales.
De este modo se quiere dar a entender que existe un «protocolo de ETA» para denunciar torturas de forma sistemática y que está incluido en el informe del TAT de 2003. En el índice de este escrito se puede leer un apéndice bajo el nombre «manual atribuido a ETA», que remite a la página 229. En él se puede leer lo siguiente: «En estos últimos años, el recurso, a la hora de provocar el efecto boomerang contra las personas que denuncian haber sido torturadas, es el famoso `manual de ETA' para que las personas detenidas denuncien haber sido torturadas. (...) En las páginas que siguen encontrarán el índice de documentos contenidos en este supuesto manual y los documentos que consideramos más interesantes del mismo. Todo ello, como ya hemos indicado, proviene de manos del Gobierno español».
Por otro lado, y debido a un error de cierre, el pie de foto que ilustraba la fotografía de un cruce que aparecía en la edición de GARA de ayer no se corresponde con esa instantánea. «Cruce en el que la Guardia Civil colocó un retén desde las 10.00 hasta al menos las 11.30», es el pie de foto correcto.
El movimiento pro-amnistía ha convocado a la ciudadanía hoy a las 12.00 ante el Palacio de Justicia de Donostia para llevar a cabo una concentración bajo el lema «Torturatzaileak alde hemendik!»
El parlamentario del PP Carlos Urquijo pidió ayer a Interior de Lakua que prohíba el acto de protesta del movimiento pro-amnistía. Una movilización a la que también se ha llamado mediante envios de mensajes electrónicos.
GARA ha podido conocer que el titular del Juzgado número 1 de Donostia rechazó el pasado 18 de febrero la petición de la defensa de los ocho guardias civiles imputados para que sus defendidos se pudieran atener a la Ley de Protección de Testigos en la toma de declaración de esta mañana. El extremo fue rechazado, aunque la defensa presentó un recurso de reforma cuya respuesta por parte del magistrado no es conocida por este diario.
La defensa esgrime como principal argumento para la aplicación de la Ley de Protección de Testigos el trabajo que realizan los ocho guardias civiles en la «lucha contra el terrorismo», por lo que argumenta que de otra forma pueden ser identificados por personas ajenas al litigio judicial.
En el recurso de reforma, además, la defensa de los agentes del instituto militar alega que no es de derecho el rechazo del magistrado, ya que encontrándose la investigación en fase de instrucción no existe una imputación judicialmente formalizada contra sus defendidos. Y, en base a esa afirmación, la defensa agrega como argumento tres decisiones judiciales de tres casos diferentes sobre denuncias de torturas en los que miembros de las FSE comparecían imputados.
Concretamente, se trata de los casos por torturas de Iratxe Sorzabal, Nekane Txapartegi y Xabier Oleaga. En todas ellas los agentes de las FSE pudieron declarar tras un biombo, sin que se les viera su rostro.
Pero, además, la defensa esgrime como un plus más para que su petición sea aceptada que el diario GARA ha publicado información sobre varias de las disposiciones judiciales que se han llevado a cabo durante la instrucción. Con objeto de desacreditar incluso al informante, es decir, a este diario, la defensa de los agentes policiales argumenta que GARA está «evidentemente vinculado al mundo radical».