La campaña electoral en Hego Euskal Herria viene precedida de una oleada represiva por parte del Estado español que no cesa y que, por ello, está provocando una respuesta cada vez más amplia en la sociedad vasca. Tras los cuatro años de legislatura del Gobierno del PSOE, la pregunta es si realmente merece la pena seguir mirando hacia Madrid, de donde sólo llegan detenciones y sonoros «portazos»

Cuatro años de gestión al frente del Gobierno español han dejado claro que el talante de José Luis Rodríguez Zapatero hacia Euskal Herria no se diferencia mucho del que mantuvo Felipe González en los años del GAL ni del que mostró José María Aznar durante las dos legislaturas en las que el ahora líder del PSOE se fue formando como alternativa a lo que él mismo denomina la «derecha extrema» española. Al concluir este mandato, es más fácil volver a recordar la fotografía del 8 de diciembre de 2000 que la del 29 de junio de 2006.

En la primera, aparecen sentados a la mesa Javier Arenas y el propio Zapatero, firmantes del pacto por el que PSOE y PP se comprometían, entre otras cosas, a que, «gobierne quien gobierne en España», ETA «no extaerá de la violencia rédito político alguno». Detrás, presidiendo el acto con miradas satisfechas, el entonces presidente Aznar, que también rubricó el documento, y su ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja. Y, aunque no se le vea en la foto, Alfredo Pérez Rubalcaba fue el «redactor» del acuerdo por parte del PSOE, pese a que después precisó que su partido se vio «obligado» a incluir en el preámbulo del texto la mención que tanto dolió al PNV.

Eran los tiempos posteriores al Acuerdo de Lizarra-Garazi. Y, precisamente, el preámbulo del pacto PP-PSOE, por el que tanto trabajó Zapatero, daba por sentado «el fracaso de la estrategia promovida por el PNV y por EA, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner un precio político al abandono de la violencia». En consecuencia, los dos grandes partidos españoles se comprometían a no llegar a pacto alguno con PNV y EA mientras no abandonaran Lizarra-Garazi.

A Aznar, que había obtenido la mayoría absoluta en los comicios del 12 de marzo, le quedaban por delante casi cuatro años en La Moncloa, pero Zapatero ya asumió entonces que el PSOE iba a estar siempre del lado del Gobierno del PP a la hora de enfrentarse no sólo a ETA, sino también a cualquier iniciativa política o social que pretendiera avanzar hacia la soberanía de Euskal Herria. Y cumplió su palabra... hasta el 13 de marzo de 2004, cuando, a falta de unas horas para que se abrieran los colegios electorales, se sumó a la ola de movilizaciones de una gran parte de la ciudadanía española que se negó a permanecer impasible ante la descarada manipulación informativa de los atentados del 11-M en Madrid que, para aferrarse al poder, estaba llevando a cabo el PP.

Con Zapatero ya instalado en La Moncloa desde 2004, las conversaciones previas entre Batasuna y el PSE dieron lugar a un proceso de negociaciones entre los representantes de la izquierda abertzale, los del PSOE y los del PNV, mientras el presidente español lograba el apoyo del Congreso de los Diputados para oficializar las conversaciones con ETA, que había declarado un alto el fuego permanente en marzo de 2006. Así, el 29 de junio, a mitad de legislatura, el Estado español volvía a enfrentarse a un proceso de diálogo, como antes hicieron González y Aznar, que en Euskal Herria fue acogido como un esperanzador paso hacia la resolución del conflicto, cuyo fondo político no era negado en ese momento por ninguna de las partes implicadas. Esto queda de manifiesto si se repasan las hemerotecas.

También es cierto que Mariano Rajoy, el actual candidato del PP a dar el relevo a Zapatero, advirtió desde el primer momento que su partido no iba a apoyar al Gobierno en esa iniciativa. Y mantuvo su palabra, no sólo hasta que un año después se rompió el proceso, sino que incluso está utilizando en estos días este tema como arma electoral, si bien lo hace lanzando menos improperios que entonces contra el líder del PSOE.

Otra imagen que ha tenido lugar en el ámbito del Parlamento español fue la de Ibarretxe defendiendo el proyecto de nuevo «Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi». La fotografía que acompaña a este texto fue tomada el 1 de febrero de 2005 -por cierto, se acaba de cumplir su tercer aniversario sin que nadie lo haya querido «celebrar»- y significó, en palabras del propio lehendakari de Lakua, un «portazo» por parte de PSOE y PP a la «mano tendida de la sociedad vasca para abrir un proceso de negociación que permita solucionar el problema vasco».

Ante aquel mayúsculo desplante -«el NO de las Cortes al SÍ del Parlamento Vasco es el mayor monumento a la existencia del conflicto vasco», se puede leer textualmente en la declaración institucional que Ibarretxe pronunció al día siguiente- cabía esperar que los partidos del tripartito hubieran optado por retirar a sus representantes de las Cortes españolas, ya que se sentían ninguneados y, al parecer, habían llegado a asumir que la voluntad de la ciudadanía vasca nunca será respetada por el Parlamento español; algo tan obvio, por poner el ejemplo más cercano en el tiempo, como que el Parlamento de Serbia no aceptará la declaración de independencia efectuada por el Parlamento de Kosovo.

Pero lo que hizo el Ejecutivo de PNV, EA y EB fue convocar elecciones anticipadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en un contexto en el que, como ya había sucedido antes y como sucede en este campaña, la izquierda abertzale debía superar un nuevo proceso de ilegalizaciones.

En cambio, los diputados y senadores del PNV, como la representante de EA, han seguido legitimando el «NO de las Cortes» con su presencia reverente en el hemiciclo madrileño. Lo mismo que le ha ocurrido a la diputada de Nafarroa Bai, quien, tras los guiños que Zapatero lanzó a la coalición que lidera Patxi Zabaleta durante el supuesto proceso de negociación para formar el Gobierno de Nafarroa tras las elecciones de mayo pasado, tiene motivos para pensar que ese tic metafórico del presidente español no es más que un reflejo incontrolado que le marca el gesto cada vez que miente con tanto desparpajo como para hacer creer durante un par de meses que busca una alternativa de gobierno a UPN mientras su número dos negocia con el partido de Miguel Sanz para firmar un férreo acuerdo de estabilidad.

Si el Estado español se niega a reconocer la independencia de Kosovo, ¿alguien puede poner en duda a estas alturas que la negociación se rompió porque tampoco está dispuesto a respetar al independentismo vasco como una opción política legítima? La persecución a la que se viene sometiendo a los representantes de la izquierda abertzale tras la ruptura de las negociaciones se ha visto reforzada cuando ésta ha expresado públicamente su intención de trasladar, no sólo a sus bases sino al conjunto de la sociedad vasca, los parámetros reales en los que se produjo el movimiento conjunto de PSOE y PNV para abandonar la mesa de diálogo de Loiola.

Que ahora -cuando se llega a la campaña electoral con otros dos partidos políticos vascos ilegalizados, con redadas casi semanales que concluyen con el encarcelamiento de decenas de militantes abertzales y con el empecinamiento del Gobierno de Zapatero en ponerse como objetivo que la izquierda abertzale «no va a hacer política»- se llegue a caer en la tentación de apelar al «voto útil» para rellenar unos cuantos sillones en «las Cortes del NO» sólo podría entenderse como el colofón a una estrategia fraudulenta para seguir dando legitimidad a un marco jurídico-político que se ha fijado como cuestión de Estado aniquilar al independentismo vasco.