No es buena señal para la salud democrática el hecho de que la mayoría de los ciudadanos se muestren escépticos cuando los jueces deciden investigar una denuncia de torturas. Investigación, por lo demás, poco frecuente o, al menos, mucho menos frecuente que las denuncias públicas de detenidos y que los reiterados emplazamientos de Amnistía Internacional. Haría falta ser ingenuo para creer que los ocho agentes imputados que declararon ayer ante el juez en Donostia sobre las circunstancias que provocaron las graves lesiones de Igor Portu.en su detención iban a decir algo diferente a la versión oficial. El escepticismo ciudadano sobre este tema viene de lejos, de tantas denuncias de malos tratos y torturas rechazadas por falta de autores conocidos, de tanta opacidad y tantas trabas a la investigación, de las leves condenas impuestas cuando, por fin, pudieron probarse y, para que no falte de nada, hasta de indultos concedidos a torturadores convictos y confesos. Los guardias civiles imputados, ayer, se limitaron a cumplir el guión (...). Algunos representantes políticos se felicitan por el buen funcionamiento del Estado de Derecho porque la Justicia ha actuado con celeridad, pero, otra vez el escepticismo, esa misma administración de Justicia determinó que Unai Romano se autolesionó. Difícil ejercicio, ese autolesionarse hasta dejarse uno el rostro como un globo. No siempre acaba bien lo que bien comienza, y si hay que felicitar la intervención judicial en el caso de Igor Portu, habrá que ver cómo, en qué momento y en base a qué pruebas o testimonios alguien paga por haber enviado a un detenido a la UCI. De momento, sólo consta en declaración de los imputados la versión oficial. El escepticismo de la ciudadanía no da para esperar mucho más.