Personas del organigrama de la Diputación de Gipuzkoa eran «perfectamente conscientes de que había irregularidades» en el «sistema de recaudación», indicó ayer Rafa Díez, secretario general del sindicato LAB que ejerce la acusación popular en el caso por el fraude en la Hacienda de Irun, en declaraciones realizadas momentos antes de participar en una manifestación convocada por LAB en Donostia para reclamar que se asuman responsabilidades políticas en el fraude, que asciende a mas de ocho millones de euros y en el que se encuentran imputadas cinco personas.

Manifestó que en este caso existe «una cobertura en términos políticos» y recalcó que «en el anterior organigrama de la Diputación ha habido responsabilidades políticas que han permitido que sucediera».

«Todo este fraude organizado, este robo planificado, de una u otra manera, tenía en el marco de la administración pública un importante nivel de cobertura», añadió. Por este motivo, consideró que «sería muy importante que se diera una auténtica auditoría en el sistema de recaudación de la Diputación para depurar todas las responsabilidades directas y colaterales o inducidas».

«Creemos -agregó- que en el momento en que todo el proceso judicial se vaya desarrollando, habrá que plantear que otras personas que no aparecen como imputadas pero que tienen mucho que decir en este tema, evidentemente deberían declarar».

Lamentó la existencia de «un interés bastante evidente de pasar de puntillas sobre este asunto, de ver si se puede terminar cuanto antes, pasar página y ver si se puede cerrar con una o dos imputaciones que carguen con el mochuelo sin asumir otro tipo de responsabilidades».

Criticó, además, al diputado foral de Hacienda, Pello González, por unas declaraciones en las que «dejaba entrever que había un sindicato que estaba generando una cierta alarma social o utilizando de una forma perversa la situación actual». Replicó que «lo grave es que en este momento la Diputación no haya sido capaz de depurar responsabilidades políticas en relación a un caso de enorme gravedad como éste».

«Creemos que este caso no se puede cerrar con cuatro imputados que asuman responsabilidades penales, sino que se tiene que cerrar con responsabilidades políticas», subrayó