El primer debate Zapatero-Rajoy, que se saldó sin anuncios de relevancia para nuestro país, da paso en la atención mediática a otra cita físicamente también lejana pero que adquiere relevancia por cuanto afecta a una cuestión importante como es el modelo de fiscalidad que se aplica en la CAV. El hecho de que la vista oral en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya coincidido con la campaña electoral ha llevado a PP y PSOE a incorporar un tema importante para la ciudadanía a sus particulares agendas de campaña. En este sentido, es del todo oportuna la crítica que la portavoz del Gobierno de Lakua, la consejera Miren Azkarate, dirigió ayer a unos partidos que se presentan ahora como paladines del Concierto cuando han sido los promotores del cuestionamiento de la fiscalidad vasca ante la UE. Sin embargo, tampoco cabe dejar de señalar que fue el PNV el que cursó la propuesta de un acto unitario en defensa del Concierto y que la descalificación de Lakua llega después de aceptada por el PP su invitación, lo que también destila cierto aroma electoral.

En todo caso, y por encima de esas querellas electorales, la pregunta que cabe hacerse es qué utilización hacen del Concierto aquellos que reclaman ese instrumento como pilar fundamental de la «soberanía vasca». Y, lamentablemente, esa visión soberanista del Concierto no se sostiene. De hecho, su incidencia práctica real se limita a subir o bajar algún punto en algún que otro impuesto. Por otra parte, no habría que olvidar tampoco que el PNV ha utilizado ese margen escaso de descentralización recaudadora para aplicar una política impositiva conservadora, como ha denunciado en repetidas ocasiones la mayoría sindical vasca.

Olvidado aquel señuelo sobre Euskadi como la decimotercera estrella en Europa, pleitos como el que se dirime mañana en la UE demuestran que cualquier autonomía, se llame La Rioja o Cantabria, puede poner patas arriba el sistema que en su día pactó el PNV con Madrid y que vendió como la décima maravilla.