Veinte jóvenes tuvieron ayer que pasar a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital vizcaina acusados de «usurpación» por ocupar los números 4 y 5 de la calle Ribera, inmueble abandonado que es propiedad de la empresa de promoción inmobiliaria Hormibal.

Ante la apertura del proceso judicial por la vía penal contra ellos, representantes de Bilboko Okupazio Mugimendua (BOM) les arroparon. Ante el Palacio de Justicia, justificaron la ocupación del vetusto edificio por «la necesidad de una vivienda para poder desarrollar un proyecto de vida digno» y para «denunciar el actual problema de la vivienda».

Para el movimiento pro ocupación, la iniciativa del grupo de personas que entró el pasado 28 de diciembre en estos dos portales de la calle Ribera, detrás del teatro Arriaga, está justificada por los problemas que tienen los jóvenes para disponer de una vivienda cuando en Bilbo hay 18.000 casas vacías.

La acción que les ha llevado ante los tribunales es consecuencia, en opinión del BOM, de «la pasividad e ineptitud de las instituciones para intervenir de una forma eficaz en este problema. La juventud de Bilbo -subrayaron- está cansada de promesas y de esperar a que nos toque la lotería».

A pesar de la amenaza de represalias penales, quienes impulsan el proyecto autogestionado de Ribera han trabajado «duro» en la rehabilitación y limpieza de este inmueble de Alde Zaharra, «ya que nuestro compromiso con el mantenimiento de esta casa es firme». Así, los jóvenes «han vuelto a dar vida a este edificio tanto trabajando en él como construyendo relaciones de solidaridad y apoyo con los vecinos».

Conscientes de las consecuencias de haberles abierto un proceso, estiman que no les quedaba otra opción, pues «no se nos garantiza el derecho a una vivienda digna». Los representantes de BOM desvelaron que el demandante «es una promotora interesada en hacer pisos de lujo en ese edificio, de los que sacará unos cuantos millones».

Les ofrecieron dinero

«¿Que está pasando en esta sociedad en la que es prioritario hacer negocio antes que garantizar los derechos básicos de las personas? ¿Qué deberíamos hacer los jóvenes, quedarnos de brazos cruzados?», manifestaron para, a continuación, desvelar que el representante legal de Hormibal les llegó a ofrecer en varias conversaciones informales «propuestas de cáracter económico» si abandonaban el inmueble. No le respondieron y ayer tuvieron que acudir a declarar como imputados.

Después de hacerlo, los imputados, junto a representantes del BOM, animaron «a todas las personas que no lleguen a fin de mes para pagar una casa a que ocupen una vivienda abandonada y le den vida», así como a reivindicar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos.

La citación ante el juzgado fue también denunciada por Elkartzen, que mostró su solidaridad y apoyo con los acusados. El colectivo por los derechos sociales aseguró que los jóvenes decidieron «tomarse sus derechos, ante la ineficacia de unos gobernantes que sólo gobiernan para sus bolsillos».