La jornada electoral de hoy en Euskal Herria volverá a mostrar un país dividido por dos estados que se niegan a reconocer la existencia de esta nación y que persiguen, de una u otra forma, a esa gran parte de su población que aspira a decidir su futuro sin ningún tipo de injerencias. Porque es ahí, en la territorialidad y la capacidad de decidir, donde se encuentran las claves que, según entiende buena parte de la sociedad vasca y no sólo quienes se presentan a sí mismos como independentistas, pueden poner fin al conflicto político y a la dinámica de confrontación que ni siquiera cesó durante el proceso de negociaciones que quedó roto una vez que fracasaron las conversaciones mantenidas hasta mayo del pasado año entre ETA y el Gobierno español, y entre el PSOE y Batasuna.

Esa confrontación ha marcado también la carrera política hasta esta jornada electoral, periodo en el que se han registrado decenas de detenciones por parte de los cuerpos policiales del Estado español y del Estado francés, decenas de encarcelamientos -entre ellos el de dirigentes políticos a los que se sorprendió in fraganti celebrando una reunión política en una localidad de su país-, sentencias en las que se condena a cientos de años de prisión por «delitos de terrorismo» a personas contra las que se presentan como pruebas las actividades que han desarrollado públicamente en distintos sectores sociales, torturas cuyos relatos son recogidos año tras año en informes de instituciones y organismos internacionales de derechos humanos, nuevas ilegalizaciones de partidos políticos y con acciones armadas de ETA.

Si alguien, desde las esferas de los partidos políticos y de las instituciones que éstos gestionan, había querido trasladar la imagen de un escenario de «normalidad» antes de que el viernes falleciera en atentado el ex concejal del PSOE Isaías Carrasco, o no tiene la mínica capacidad de visión para entender lo que pasa a su alrededor o, más probablemente, sólo pretendía tergiversar los hechos para eludir la responsabilidad que se presupone a quienes asumen un papel relevante en la vida política, que, aquí y ahora, no es otro que el de afrontar de raíz las causas de la conculcación generalizada de derechos individuales y colectivos. Por eso, es necesario que se escuchen más voces reclamando soluciones globales que condenas unidireccionales.

Opciones vetadas, opciones deslegitimadas

En este contexto, antes y después del atentado mortal del pasado viernes, la campaña electoral en Hego Euskal Herria ha vuelto a poner de manifiesto que no todas las opciones políticas concurren en igualdad de condiciones ante el electorado. Por encima de ciertas discrepancias que les sirven para diferenciarse ante el electorado, PSOE y PP decidieron hace tiempo trabajar codo con codo para impedir que la izquierda abertzale siga actuando en la vida política de nuestro país. Ese objetivo es manifiestamente imposible, porque esa opción política está arraigada en la sociedad vasca y no puede desaparecer de un día para otro, ni de una legislatura para otra. Por tanto, lo que PSOE y PP quieren lograr de forma más inmediata es la «invisibilidad» de la izquierda abertzale, y para ello intentan mantener prietas las filas, incluyendo en sus mensajes de «unidad» las firmas de dirigentes de PNV, EA y NaBai, quienes deberían recordar todavía adonde llegaron dejándose guiar por el Gobierno de José María Aznar tras los atentados del 11-M en Madrid.

Esa «invisibilidad» perseguida por quienes defienden el actual marco jurídico-político se ha visto frustrada durante las últimas semanas por la labor diaria de representantes y militantes de la izquierda abertzale, que han compartido el objetivo de difundir la propuesta de marco democrático para Euskal Herria sobre cuyos contenidos, precisamente, giró en gran medida el último proceso negociador.

Entre esas dos opciones, y cualquier otra que se quiera plantear con claridad ante la ciudadanía vasca, se podrá elegir en la jornada electoral de hoy. Antes del atentado del pasado viernes, se escucharon a muchos portavoces de formaciones políticas vascas, incluso de aquellas que se reclaman abertzales, intentando deslegitimar la abstención -una opción que, no cabe olvidar, viene precedida de la ilegalización de dos formaciones políticas en vísperas de la campaña- utilizando argumentos «éticos» con los que pretendían ocultar la, por otra parte legítima, estrategia de captar votos para sus respectivos candidatos. En las últimas 24 horas esos mensajes han arreciado y antes de concluir la jornada de reflexión algunos de esos portavoces ya han acusado directamente de complicidad con el atentado a todas las personas que hoy opten por una abstención activa.

Y, precisamente, en esa jornada de reflexión, por si faltara algún síntoma más para convenir que el diagnóstico es la falta de normalidad política en este país, el Gobierno español, por medio de su delegado en Nafarroa, ordenaba a la Policía que cargara violentamente contra un acto festivo y reivindicativo organizado por colectivos de mujeres en Iruñea. El único motivo esgrimido de antemano fue que alguien había decidido que el Día Internacional de la Mujer no podía celebrarse con normalidad en este 8 de Marzo en esta parte de Euskal Herria. No lo habían decidido las mujeres ni los hombres de Nafarroa.