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Erauskin anuncia enmiendas al intento de «blindar» a la Mesa

El Parlamento de Gasteiz acordó ayer admitir a trámite una propuesta de reforma reglamentaria para que la disolución de un grupo deba ser acordada por la mayoría absoluta del pleno. El tripartito y Aralar pretenden atajar así que la responsabilidad recaiga sobre la Mesa de la Cámara e intentan evitar un nuevo «caso Atutxa». Ezker Abertzalea votó a favor, pero Nekane Erauskin anunció la presentación de enmiendas para garantizar la igualdad de todos los grupos.

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Iñaki IRIONDO |

El intento de «blindar» a la Mesa del Parlamento ante posibles responsabilidades penales por negarse a disolver un grupo parlamentario pasó ayer su primer trámite parlamentario. La comisión correspondiente deberá debatir ahora la reforma reglamentaria propuesta por el tripartito y Aralar, que recoge que «la disolución, por cualquier causa, de un grupo parlamentario, tendrá que ser acordada por el Pleno de la Cámara vasca y por la mayoría absoluta de los miembros de la misma».

La admisión a trámite de esta reforma contó con el voto contrario de los 33 parlamentarios del PSE y del PP. Fue el apoyo de Ezker Abertzalea el que permitió que siga adelante y sus votos serán igualmente necesarios para la definitiva aprobación.

Sin embargo, Nekane Erauskin, ya anunció ayer que Ezker Abertzalea presentará enmiendas al texto del tripartito y Aralar, a fin de que «todos los grupos parlamentarios puedan trabajar en igualdad de condiciones».

El precedente de SA

En una entrevista concedida a GARA el mismo día que Baltasar Garzón decidió la suspensión de actividades de EHAK, Nekane Erauskin ya adelantó que «vamos a defender nuestra continuidad como grupo parlamentario, pero con todos los dere- chos, tanto los económicos como los de participación política e institucional, porque para eso nos eligieron 150.000 personas. Vamos a defender todos nuestros derechos como grupo para que no pase como con Sozialista Abertzaleak».

Cabe recordar que en la pasada legislatura la Junta de Portavoces evitó la aprobación de una resolución de Presidencia que permitiera la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak, por lo que la Mesa se quedó sin instrumentos para ello y el presidente y otros dos miembros fueron condenados por el Tribunal Supremo por haber incurrido en un delito de desobediencia. Sin embargo, pese a mantener su grupo parlamentario, Sozialista Abertzaleak se vio privada de la asignación mensual que recibía por este concepto, debido a que el interventor se negó a firmar los pagos, como le exigió el Tribunal Supremo, y la Mesa no hizo nada por corregir esta situación, a pesar de haber reconocido por escrito el derecho que asistía al grupo independentista.

La deuda acumulada ascendió al final de la legislatura a 612.000 euros, que el Tribunal Supremo permitió después que se quedaran en las arcas del propio Parlamento.

Subvención no pagada

En su intervención de ayer, Nekane Erauskin dejó caer que pese a que el Tribunal Supremo no adoptó medidas contra el grupo parlamentario, el Parlamento no les ha pagado la subvención correspondiente al pasado mes,

Además, sus miembros están siendo vigilados y espiados, al tiempo que se condiciona toda su actividad parlamentaria, «sin que a nadie en la Cámara parezca importarle», dijo Erauskin.

Debate político y jurídico, con algunas puñaladas

El debate sobre la reforma reglamentaria discurrió en buena medida por los cauces esperados. Por una parte, los grupos proponentes -PNV, EA, EB y Aralar- destacaron la necesidad de evitar la interferencia del Poder Judicial en la organización interna del Parlamento y apostaron por defender a los miembros de la Mesa de posibles actuaciones judiciales por seguir el parecer mayoritario de la Cámara. Los grupos que votaron en contra -PSE y PP- argumentan que las resoluciones judiciales no pueden someterse a votación, que lo que hay que hacer es cumplirlas. Y, en este sentido, avanzaron que cualquier futura medida judicial volvería a recaer sobre el órgano administrativo del Parlamento, que es la Mesa.

Ezker Abertzalea denunció que la ilegalización de partidos y la suspensión de grupos forman parte de la estrategia puesta en marcha por PSOE y PP para sacar del mapa político a la izquierda independentista, pero criticó también que el PNV dice estar en contra de la Ley de Partidos, pero después se pliega al Estado.

Especialmente duro fue el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, que espetó a los proponentes que «no se puede estar manifestándose en Mondragón contra ETA y defendiendo en el Parlamento a quienes, de acuerdo con una sentencia judicial, constituyen el entramado político de ETA». Desde el PNV, José Antonio Rubalcaba defendió la limpieza democrática de su partido e invitó al PSOE a mirar atrás y a hablar «de respeto a la vida y a la situación de las personas de este país», lo que se entendió como una referencia a los GAL. I.I.

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