El Parlamento navarro aprobó ayer instar al Gobierno foral a que medie entre el Arzobispado y los ayuntamientos del herrialde en el conflicto creado por la privatización de inmuebles religiosos en los municipios del herrialde. De esta manera, IUN no lograba sacar adelante su inicial y más ambiciosa pretensión de que la Cámara pidiese al Ejecutivo de Sanz que iniciase «todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso».

La moción original de IUN decayó en el curso de la sesión parlamentaria por falta de apoyos y dio paso a otro texto, consensuado en esta ocasión entre la propia IUN y PSN, en el que la petición eludía la exigencia de impedir la privatización y la sustituía por la de favorecer la mediación entre las partes. La nueva redacción recibió el apoyo de Nafarroa Bai y contó con la abstención de UPN y CDN.

El portavoz de IUN, Ion Erro, advirtió que pese a decaer su primera moción «no renunciamos a nada, lo que hacemos es implicar al Gobierno de Navarra en una tarea que nos parece importante», al tiempo que ha considerado la actuación de la Iglesia católica «cuando menos una apropiación indebida, al menos en términos morales».

Erro explicó que, a raíz de la supresión del artículo de la Ley Hipotecaria de 1946 que lo impedía, se han inscrito en el Registro de la Propiedad «más de mil propiedades», entre iglesias, ermitas, parroquias y cementerios, a nombre de la diócesis de Iruñea y Tutera.

También advirtió que la Ley Hipotecaria es «de la etapa franquista», por lo que existe «la sospecha de que esta ley y las inscripciones tienen algún riesgo de anticonstitucionalidad». Erro consideró además más que cuestionable una norma «que está dando el privilegio a la Iglesia de inscribir edificios que salieron de la voluntad, el esfuerzo y la aportación de los vecinos de los pueblos navarros».

«Son bienes públicos de uso religioso», recordó Erro, y añadió que el Gobierno navarro ha ayudado con 8,1 millones de euros en la última década a la Iglesia para el mantenimiento y rehabilitación de algunos de ellos.

PSN: «No es un tema sencillo»

Por el PSN, Román Felones advirtió que éste no es «un tema sencillo, porque es muy sensible; necesita ser tratado con sosiego y prudencia». Defendió que por ello pactaba esta enmienda con IUN, ya que, aunque «no compartimos el tenor literal» de la moción que instaba a impedir la privatización, ésta «ha generado un malestar evidente» en los pueblos afectados, que «no han sido previamente informados».

A favor de la moción también intervino Maiorga Ramírez, de Nafarroa Bai, quien advirtió de que «nadie pone en duda» de que los edificios ahora inscritos «deben de dejar de tener un uso de culto. Sólo hablamos de un asunto relacionado con la propiedad, no del uso», por lo que ha lamentado la «nocturnidad y alevosía» con la que a su entender ha actuado la Iglesia.

Ramírez considera que hay «un soporte legal» que impide las pretensiones del Arzobispado, como es la Ley foral de Administración Local que insta a las entidades locales a velar por los intereses de su patrimonio.