LAB denunció ayer la «complicidad encubierta» de la Diputación foral de Gipuzkoa en el presunto fraude de la Hacienda de Irun, al dar «permisividad, aunque sea mirando hacia otro lado, ante incompatibilidades» que vulneraban la Ley de la Función Pública.

Entre esas incompatibilidades, citó la de Rufino Eizagirre, jefe de la oficina técnica del gabinete del ex diputado general, José Joan González de Txabarri, y socio de José María Bravo, principal imputado en este caso, en dos empresas supuestamente utilizadas para blanquear dinero defraudado.

El responsable del sector de Finanzas de LAB, Joxean Urkiola, denunció esta postura del Ejecutivo foral junto a la sede de Juntas Generales de Gipuzkoa, acompañado de la delegada del sindicato en la Hacienda foral Fátima Ariztimuño, que compareció ante la Comisión de Investigación de las Juntas sobre el caso de Irun.

En su opinión, la Cámara territorial y la Diputación han permitido «incompatibilidades manifiestas vulnerando la Ley de la Función Pública, sin que nadie haya movido un dedo para abrir el expediente correspondiente».

En este sentido, explicó que el ex director de la Hacienda de Gipuzkoa, entre 1991 y 2003, y ex senador del PNV, Víctor Bravo, «fue denunciado públicamente por compartir su puesto de funcionario y responsable de la Hacienda con una empresa dedicada a la recaudación, sin que nadie hiciera nada y permitiéndose esa incompatibilidad a pesar de conocerse públicamente». Asimismo, se refirió a Eizagirre, «la mano derecha», de González de Txabarri, al que «se cesó por decirse que había ocultado su participación» en las empresas de Bravo y al cual «acto seguido se le creó un puesto `ad hoc' para él con el mismo sueldo». Urkiola se cuestionó «cómo es posible que la Diputación haya permitido ese caldo de cultivo» y quiénes son los responsables de ello. Por otro lado, consideró necesario que se aclare «cómo el principal imputado, José María Bravo, ocupó su plaza en Irun, quién permitió sus incompatibilidades manifiestas y por qué no se utilizó la Ley de la Función Pública para abrir expedientes al efecto».

Responsabilidades políticas

A su juicio, todo ello demuestra una «complicidad encubierta» de la Diputación, que ha «dado permisividad aunque sea mirando hacia otro lado consintiendo que este fraude se haya producido durante tantos años». Por ello reiteró que se deben «depurar responsabilidades políticas y alguien tiene que reconocer lo que ha ocurrido y pagar por ello, ya que hay pruebas más que suficientes de la connivencia de algunos responsables que han permitido llegar a esta situación y no vale cerrar en falso, una vez más, este tema».

Ante la comisión también comparecieron representantes de ELA y CCOO. Por parte de este último sindicato, Javier Zatarain coincidió en que el caso de José María Bravo es sólo «la punta del iceberg» de las irregularidades y afirmó que CCOO llevaba ocho años exigiendo que se convocara la plaza que Bravo ocupaba como interino, sin haber obtenido ninguna respuesta por parte de la Administración foral.

Bravo accedió a ese cargo en funciones en 1990, cuando su hermano, el ex senador del PNV Víctor Bravo, fue nombrado Jefe del Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral de Guipúzcoa.

El Gobierno foral, según una resolución adoptada el 22 de mayo de ese año, toma el acuerdo sobre esa designación ante «la reciente incorporación del señor Víctor Bravo como jefe del Servicio de Recaudación y el estudio iniciado para la remodelación del mismo al objeto de lograr un mejor cumplimiento de sus fines».