Recientemente, 15 empleados de la empresa Dornier, que gestiona la zona azul de Iruñea, y el sindicato LAB han ganado una demanda contra la empresa por vulneración del derecho de huelga. La sentencia estima que, a finales de 2006, la dirección sustituyó a los huelguistas realizando contratos de interinidad de forma fraudulenta. Sin embargo, los trabajadores tienen pendiente una acusación de la empresa en la que se les piden nada menos que tres años de cárcel por una supuesta vulneración del derecho al trabajo. El caso de Onena, también en Iruñea, ha sido otro reciente ejemplo. Un despido de varios trabajadores, entre ellos los miembros del comité, ha sido declarado nulo, pero la empresa ha presentado una denuncia penal por la que pide 14 meses de cárcel para veinte de ellos. También los hechos se originaron tras un aviso de huelga en 2006 contra un expediente de extinción de contrato, ante lo que el empresario optó por llevarse material a otra fábrica. Al tratar de impedir los trabajadores la ilegalidad, fueron ellos los que acabaron detenidos por la Guardia Civil. Además, tras la huelga y la firma del expedien- te, llegaron los despidos.

José Luis Rezabal, responsable de Negociación Colectiva en LAB, recuerda que el derecho de huelga constituye el principal instrumento de lucha que tiene a la clase trabaja- dora y advierte de que en los últimos tiempos asistimos a «una ofensiva sin precedentes para degradar las condiciones laborales y disciplinar a clase trabajadora, con la precariedad como elemento que define el mercado laboral en Euskal Herria».

El responsable de Negociación Colectiva de ELA, Joseba Villareal, también cree que se está conculcando el derecho de huelga «y, en aquellos casos que con la conculcación no sirve, se criminaliza». Rezabal opina que en ese intento por imponer políticas regresivas se observa una alianza estratégica entre las administraciones, ya sean del PNV o de UPN, con la patronal con el objetivo común de «dar una clara cobertura de apoyo a los empresarios en la confrontación de clase limitando y cercenando el ejercicio de un derecho fundamental como el derecho de huelga, esencial en políticas de sindicatos reivindicativos».

En la práctica esto se traduce en la aplicación abusiva de servicios mínimos y cita los casos de Osakidetza, Euskotren, Renfe o la radiotelevisión pública, «que vacían de contenido el derecho de huelga». Villareal recuerda la huelga de limpieza de Basauri, donde se veía que, «a pesar de esos servicios mínimos, el impacto de la huelga era importante y entonces se decretaban servicios mínimos especiales».

Alude también a los casos de servicios sociales y residencias de ancianos, como los actuales conflictos de la residencia de Ariznabarra en Gasteiz, que con plantillas pequeñas deja un efecto mínimo del paro. El mismo problema observa en la residencia de la Fundación Faustino Orbegozo de Zumarraga o en la limpieza de Basauri o Irun del año pasado. «Siempre se pone el derecho al trabajo por encima del derecho a la huelga», afirma. Rezabal señala también que la práctica ilegal de las empresas de sustituir a los trabajadores en huelga cuenta con la «actitud contemporizadora de las administraciones, sin que se sancione a las empresas que lo hacen» y menciona el caso de Guardian Llodio, en pleno conflicto actualmente. Mientras participa en la manifestación de los trabajadores de Guardian, Villarreal denuncia que «la inspección no hace su papel. Aquí, en Guardian, se sustituyeron a un montón de huelguistas por trabajadores de ETT. Fuimos a denunciarlo y no tenemos noticias. La actuación debe ser inmediata», lamenta. A ello añade que «tenemos una pelea impresionante con el derecho de los comités de huelga a entrar a la fábrica a comprobar que nadie esté haciendo trabajos que no puede hacer».

Acoso policial

Y si fuera poco con la coacción de la empresa, está la actuación policial. «La Ertzaintza y la Policía foral son utilizadas al servicio del capital en un intento de abortar las luchas que acompañan por regla general a la huelga», denuncia Rezabal. «El Departamento de Interior juega siempre a favor de la patronal», añade Villarreal.

En ese contexto, los piquetes informativos se ven criminalizados con la presencia policial o incluso con la grabación por parte de los policías como algo delictivo «cuando es parte del derecho de huelga», afirma el representante de LAB, que recuerda el atosigamiento constante que se vivió durante la huelga general del 27 de enero de 1994 contra la reforma laboral. «Es incalculable la cantidad de sanciones administrativas que tenemos por manifestaciones y piquetes», confirma el representante de ELA, que afirma que se les persigue casi siempre por vía administrativa y en ocasiones con demandas penales, como el caso de Dornier o el de la huelga de limpieza de locales de Gipuzkoa en 2003, según señala Rezabal.

Una novedad en la persecución de la huelga es el intento de achacar a los sindicatos convocantes responsabilidad civil por presuntos perjuicios, como en el caso de Renfe.

Y acabado el conflicto no termina la persecución porque la empresa puede optar por expedientes disciplinarios o despidos como en Onena, que «ha salido bien por la nulidad del despido, pero no es plato de gusto para nadie. Buscan castigos ejemplarizantes que paralicen la actividad de los sindicatos. Independientemente de que ganes el juicio o pierdas es evidente que se está coartando el derecho de huelga», insiste Villarreal.

Precisamente, Francisco Hernández, secretario general de la Federación de Servicios de UGT en Nafarroa y afectado del caso Onena, recuerda que «estábamos ejerciendo nuestro derecho a la huelga, que no se había iniciado, pero estaba ya notificada. No se puede permitir a la empresa que en los días previos a la huelga vacíe la fábrica de contenido y se lleve las maquinas a producir a otro sitio. ¿Es eso vulnerar el derecho al trabajo o el derecho de huelga?», cuestiona. Señala que ante la actuación del empresario, la Inspección dice que no puede hacer nada. «Lo mismo que si se decretan unos servicios mínimos al cien por cien, los tienes que cumplir y luego pones la denuncia».

En su caso, recuerda que los despidos del 28 de noviembre se declararon nulos en febrero, «pero de entrada los trabajadores han tenido que estar tres meses y cuatro días en el paro». Así, intentar extender la huelga tiene consecuencias graves, «pero el empresario puede incumplir o adoptar luego «recursos legales para despedirte o cerrar la empresa», indica el representante de UGT.

Sin embargo, Hernández no cree que estas prácticas se extiendan sino que se trata de «algunos empresarios que han funcionado toda la vida así, que ni siquiera están agrupados en la CEN y ni la Justicia les va a hacer cambiar». Pese a haber ganado el juicio aún pende sobre ellos la espada de Damocles de la demanda penal que pide 14 meses de cárcel y 2.000 euros a veinte trabajadores «por un suceso en el que la propia Guardia Civil dice que no hubo ni gritos, ni empujones, ni nadie se tiró al suelo ni se encadenó».