Queremos mostrar nuestra preocupación por la obsesión y empeño ciego del actual gobierno por construir macrocárceles de la mano de multinacionales, normalmente en municipios donde gobierna el mismo partido que en Madrid y sobre todo donde ya existe una cárcel antigua. Estas dos condiciones se dan en Nanclares de la Oca. Estas macrocárceles que en el caso de la que pretenden ubicar en Iruña de Oca costará cada una 100 millones de euros, son caras para los bolsillos de los contribuyentes y muy rentables para empresas privadas y particulares.

En Iruña de Oca se dará la circunstancia de que haya más habitantes presos (sumando las personas presas que caben en la nueva y vieja prisión), que personas residentes fuera de la prisión en el municipio. Todo esto en un territorio como Alava, donde las cifras oficiales de delitos la definen como una de los territorios con la tasa más baja del estado y, donde apenas serían necesarias menos de 300 plazas para aplicar sanciones penales a la población residente en Alava. Dicho de otro modo el proyecto de Madrid es un proyecto de importación de personas presas a la provincia, en contra de la necesidad de que las personas presas se encuentren en centros ubicados en sus provincias y municipios habituales de residencia como primera condición para su incorporación a la sociedad.

Lo triste de todo esto es que en una sociedad cada vez más desigual estas políticas de construcción de macrocárceles para aislar y encerrar a seres humanos no tienen nada que ver, ni con la justicia, ni con las prevención de delitos, ni con que la ciudadanía podamos disfrutar de una sociedad más segura (...).