En dos encuentros realizados en torno al Día Internacional de la Mujer, el Secretariado Social Diocesano Justicia y Paz reflexionó sobre la situación que afrontan hoy en día las mujeres inmigrantes en Euskal Herria, centrándose para ello en la inmigración económica y social de las personas que, «privadas de posibilidades para llevar una vida digna en sus países de origen, deciden arriesgarse a buscarla en otro país».

Las mujeres que integran este colectivo son, en opinión del Secretariado Social, «víctimas inocentes de una explotación estructural», que por las condi- ciones en que deben afrontar su nueva vida en el país de destino, «sufren un grave deterioro humano: soledad, marginación sociocultural, ataques xenófobos o racistas...», que se agravan cuando la llegada y estancia en ese nuevo país es en condiciones de ilegalidad.

Trabajos invisibles

Justicia y Paz analiza especialmente las condiciones en las que las mujeres inmigrantes acceden al mundo laboral, para concluir que fundamentalmente están ocupadas en lo que se denomina «trabajos invisibles», es decir, en trabajos que se mueven en economía sumergida, además de realizar aquellos trabajos «que son menospreciados por los autóctonos» entre los que destacan especialmente el cuidado de las personas dependientes, el servicio doméstico o la prostitución.

Pero además de las condiciones laborales, el Secretariado Social Diocesano apunta otros hechos que alimentan la «baja autoestima» de la mayoría de las mujeres inmigrantes, como el acoso sexual.

Aunque aseguran que en los últimos tiempos se han producido avances: «se va asumiendo su aportación al bienestar y mejora de la convivencia social», subrayan que las mujeres son quienes «sufren con mayor intensidad el desarraigo de su familia y las duras condiciones de empleo y salarios más bajos».

Como medidas para avanzar hacia unas mejores condiciones de vida para las mujeres inmigrantes, Justicia y Paz aboga por un cambio radical de la Ley de Extranjería y del Reglamento que establece los procedimientos para conseguir el permiso de residencia y el contrato de trabajo. Pero también apelan al compromiso humano «con uno de los colectivos más injustamente tratado».