Buenas palabras pero, de momento, ninguna solución. La UCI recibió ayer a una delegación del Consejo de Corredores de la Asociación Internacional de Ciclistas Profesionales, con motivo de los problemas surgidos a raíz de la pasada Paris-Niza y, aunque ambas partes confían en alcanzar un acuerdo, el organismo internacional no descarta que se apliquen las sanciones con las que se amenazó a los participantes en la prueba francesa.

Cabe recordar que el pelotón se vio envuelto en la guerra UCI-ASO, tras la decisión de esta última de no inscribir la prueba en el calendario de la primera. La UCI respondió amenazando con diferentes sanciones a los equipos y corredores que decidiesen correrla. Lo cierto es que la participación no se resintió -es igualmente peligroso enfadar al organizador del Tour-, pero los ciclistas no quieren arriesgarse a recibir sanciones que entienden injustificadas.

Este fue uno de los puntos tratados ayer en la reunión, que concluyó con un comunicado conjunto que mostraba la «preocupación» por la «situación del ciclismo», así como el deseo de «intensificar el diálogo para salvaguardar la estructura federativa», cuya debilidad incide especialmente en los ciclistas.

Los representantes de la UCI, de todos modos, y pese a exponer su «sensibilidad» con los argumentos de los corredores, advirtió que es su Comisión Disciplinaria la que debe pronunciarse sobre las posibles sanciones que, por tanto, podían producirse todavía.