Fernando Etxegarai, ex preso político vasco sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura, reiteró ayer ante los medios de comunicación su decisión de vivir en Euskal Herria, acreditando además que está en perfecto derecho para ello.

Este vecino de Plentzia recobró la libertad el pasado mes de enero tras cumplir de manera íntegra su condena de 20 años y 9 meses. Dos meses después, sin embargo, la Audiencia Nacional española, recurriendo a la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo, dictó que se le prolongue el castigo. Ayer compareció ante la opinión pública para asegurar que desde un punto de vista jurídico se realizan «barbaridades» contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos y puso como ejemplo la citada sentencia del Tribunal Supremo español que ha sido aplicada ya a 26 presos políticos vascos más.

Centrándose en su caso, aseguró que pretenden enviarlo de nuevo a prisión tras un auto de libertad firme y después de haber transcurrido todos los plazos correspondientes para presentar recurso.

A juicio de Etxegarai, esta nueva medida tiene como única base el intento de evitar que los presos políticos vascos puedan optar a su libertad. Explicó que todas aquellas personas apresadas en torno a la década de los 80 han visto cumplido ya sus condenas, «y nos tocaba ya salir» enfatizó. No obstante, según detalló, el Gobierno español de una manera o de otra ha intentado impedir este hecho, «haciendo ver de forma palmaria cómo es el Derecho español», apostilló.

Etxegarai compareció arropado por una docena de familiares de presos que han visto alargadas sus condenas, así como por el portavoz de Askatasuna Asier Birunbrales. que denunció la «locura represiva» que sacude Euskal Herria con especial intensidad durante los últimos meses.

Tras detallar acontecimientos ocurridos en este periodo como las denuncias de torturas, las ilegalizaciones o la muerte de un familiar a consecuencia de la dispersión, Askatasuna quiso fijar el punto de atención en la doctrina marcada por la sentencia 197/06 del Tribunal Supremo, puesto que a día de hoy ya son 27 los presos políticos vascos a los que se les ha aplicado esta medida. Birunbrales no titubeó a la hora de certificar que esta medida supone «la aplicación de la cadena perpetua».

Sostuvo que el PSOE pretende llevar a cabo «una involución» en la que «no encuentra límites». El portavoz aseguró que ni siquiera la propia legislación española hace de freno, ya que, según denunció, «se hace caso omiso a condiciones o garantías jurídicas que deberían ser básicas en un Estado que se autoproclama democrático».

En este sentido, afirmó que el «espejo más dramático» de este retroceso se vive en las cárceles, donde confirmó que las condiciones de vida se han «recrudecido». Detalló que la higiene y la asistencia médica brillan por su ausencia, o que las trabas a la comunicación con la familia o el entorno social son habituales, lo mismo que los impedimentos para estudiar o el aislamiento.

Asimismo, para Askatasuna es obvio que estas medidas no son aisladas, «sino parte de una política muy bien diseñada».

Birunbrales denunció que tras esta estrategia se enmarcan dos objetivos claros. El primero, «el histórico fin de romper y acabar con el Colectivo de Presos Políticos Vascos», un colectivo, que, a juicio de Birunbrales, es un referente político «innegable». Por otro lado, aseguró que la política carcelaria pretende «acabar físicamente» con las personas que componen este colectivo. «Quieren hacer pagar muy caro su compromiso con Euskal Herria» sentenció y en este sentido, encuadró, de manera especial, tanto la sentencia del Tribunal Supremo, como la situación que sufren los presos con enfermedades graves o incurables y ven denegada la aplicación del artículo 92.

PSOE, PNV, EA y NaBai

Con tono de intensa preocupación, el mismo que trasladaban los familiares, Asier Birunbrales denunció que esta política carcelaria busca que los presos «se pudran en la cárcel». Y agregó que ahora, además, «aplican la condena de por vida, sin estar siquiera legislada».

Pese a situar de manera constante al PSOE como primer culpable de esta situación, Askatasuna no dudó a la hora de repar- tir responsabilidades entre la clase política vasca.

Dirigió sus preguntas a partidos «que se llenan la boca hablando de democracia», entre quienes situó a la formación liderada por Iñigo Urkullu, así como a EA o NaBai. Ahora que, según recordó, algunos de ellos se encuentran sumergidos en la búsqueda de pactos y puestos en Madrid, les planteó qué pretenden hacer para que se cumplan los derechos de la ciudadanía vasca.

Birunbrales evidenció su escepticismo en torno a la labor que puedan llevar a cabo estos agentes, ya que, a su entender, «venden los derechos de la ciudadanía vasca por miserables intereses partidistas». En este sentido, recordó que la política penitenciaría que a día de hoy sigue en vigor fue diseñada con la «colaboración activa» de agentes como el PNV.

Askatasuna remarcó que no observa «ni un atisbo de voluntad» por parte de estas formaciones, por lo que abogó por la movilización ciudadana como única receta para acabar con esta situación.