El Comité de empresa de Babcock pidió ayer a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) que mantenga las negociaciones con el comité para poder llegar a un acuerdo sobre garantías laborales y de futuro. Además, instó a los Gobiernos de Madrid y Gasteiz y a los partidos que los sustentan a que «asuman las responsabilidades que tienen en este tema».

El presidente del Comité, Kike Izquierdo, subrayó que los trabajadores buscan que la empresa tenga «futuro», que «adquiera una buena cartera de trabajo, una buena gestión y que los trabajadores tengan garantías industriales y de continuidad», pretensiones que, según Izquierdo, «debería de haber conseguido Sepi».

«No entendemos que Sepi diga que las garantías que le estamos exigiendo son privilegios, porque es la responsabilidad que esta institución debería tener con la plantilla por las tan nefastas ventas que ha hecho de nuestra empresa en su decisión de privatizarla», afirmó.

Dada la «incertidumbre que existe sobre el futuro», el presidente del comité emplazó a Sepi «como responsable de la privatización» a que «acuerde con la parte social unas garantías de empleo que avalen el nuevo plan industrial que el accionista ha presentado a petición suya» y que «no pretenda que descanse únicamente sobre las espaldas de los trabajadores el validarlo, garantías de empleo que solamente se activarían en el supuesto caso de un tercer fracaso en el relanzamiento de la empresa».

«Tenemos un preacuerdo con la empresa, y Sepi ahora, lejos de negociar con la parte social, quiere que asumamos casi literalmente su oferta de garantías para los trabajadores, y ante la negativa de la parte social, nos cambia la hoja de ruta y acepta el que la empresa inicie conversaciones para la tramitación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo», criticó.

Por otro lado, precisó que las demandas de Integración en la plantilla de la Sepi y Babcock Wilcox Española (BWE) interpuestas a nivel individual nacen como consecuencia de la «inseguridad que proporciona la empresa y su accionista». Destacó que «siendo un derecho amparado por la Constitución, no puede Sepi, como institución pública que es, pretender que el comité firme un acuerdo en el que se obligue a retirar las demandas».