Joaquín FABBRI, Periodista chileno

Ya quedan pocos lugares tan puros como éste». La frase, salida de boca de un lugareño, no puede coincidir mejor con el entorno. Glaciares, montañas, ríos, lagos, fiordos, islas, bosques, estepas y humedales conforman el paisaje, por momentos salvaje, de la Patagonia chilena. Es uno de los lugares más al sur del planeta y allí sobreviven especies en vías de extinción e incluso existen anfibios aún por descubrir. Con esas características, pocos podrían extrañarse de que, año tras año, se consolide como una auténtica oferta turística. Así lo atestiguan los 40.000 visitantes anuales.

Por sus ríos corren unas de las aguas más prístinas y puras del mundo. Aguas que, gracias a un polémico reglamento heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, pueden ser «cedidas gratuitamente» por el Estado. Una de las beneficiarias de esta política fue la filial chilena de Endesa, que planea desarrollar allí uno de sus más ambiciosos proyectos: la construcción de cinco represas que abastecerán de electricidad a Santiago de Chile. La multinacional española llevará a cabo este plan junto a Colbún, empresa chilena del Grupo Matte. Para ello, ambas firmas conformaron Hydroaysén, en la que Endesa tiene un 51% y Colbún el restante 49%.

El área donde se pretende construir las centrales hidroeléctricas se encuentra en las comunas de Cochrane, O'Higgins y Tortel, en la Provincia Capitán Prat, en la Región de Aysén. La población provincial ronda los 4.000 habitantes y sus principales actividades son las turísticas, ganaderas y forestales, según explican los portavoces de Patagonia sin Represas, plataforma compuesta por organizaciones ecologistas y vecinales.

Desde este colectivo subrayan que Aysén «tiene excepcionales y frágiles cualidades ambientales y una importancia mundial para la conservación, reconocida por el Banco Mundial y WWF (World Wildlife Fund, organización conservacionista internacional)» en un informe elaborado en 1995. «Es de las pocas zonas en el mundo que mantiene en gran medida su estado original, por lo que parte de su territorio es considerado Reserva de la Biosfera y se le está postulando como Patrimonio de la Humanidad», añaden los miembros de Patagonia sin Represas.

Según datos manejados por ese colectivo, las hidroeléctricas inundarían 5.910 hectáreas, «afectando la conservación, los intereses turísticos y la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén». Y eso no es todo. «Para transportar esta energía es necesaria una línea de transmisión de corriente continua de más de 2.300 kilómetros, la de mayor longitud construida hasta ahora. Este tendido cruzaría todo el país con 6.000 torres de alta tensión, de entre 50 y 70 metros de altura, utilizando una franja de terreno de 70 metros, provocando así la tala rasa más larga del mundo», advierten los conservacionistas, que no dudan en hablar de «ecocidio».

«Ni siquiera imaginamos lo que sucedería en la desembocadura del Baker si, por alguna contingencia climática, Hidroaysén se viera obligado a liberar millones de metros cúbicos de agua río abajo, como sucedió el año 2006 cuando Endesa abrió las compuertas de Pangue y Ralco -otras dos represas levantadas en el sur de Chile-, aumentando el caudal del BíoBío y agravando las inundaciones que se llevaron la vida de al menos siete personas», afirmaba en febrero pasado el ecologista Carlos Pérez Alvarado.

Los ecologistas y movimientos vecinales que se oponen a los planes de Endesa sostienen que muchas familias -aún no se animan a dar una cifra exacta- se verán obligadas a marcharse. «Estamos hablando de gente que ha vivido durante décadas en esta zona, que tiene a sus familiares enterrados aquí, y ahora resulta que les quieren desplazar por el interés de una empresa», comenta el periodista Patricio Segura, portavoz de Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida.

Aquilino Olivares, un ganadero de Aysén, es uno de los pobladores que resultarían afectado por este proyecto. Hace algunas semanas estuvo en Madrid, acompañado por representantes españoles de Greenpeace, para amplificar sus reclamos. «Llegaron un día diciéndome que eran universitarios que querían hacer un estudio y les ayudé, hasta que vi que entraban en la zona como si fueran dueños de las tierras», explica. Ahora teme por su futuro, el de sus animales y el de sus tierras.

El ecologista Juan Pablo Dorrego denuncia las complicidades entre los sucesivos gobiernos de la denominada «Concertación» -formación política a la que pertenece la actual presidenta Michelle Bachellet- y los dirigentes de la empresa española en Chile. «La postura comunicacional reduccionista de Endesa y del Gobierno pretende establecer que los únicos afectados son los potenciales inundados o directamente afectados por otras obras y que, por lo tanto, éstos son los únicos que pueden reclamar y participar en el procedimiento administrativo. Sin embargo, lo que usan y destruyen las centrales no es simplemente agua, sino ríos, definidos en la Constitución como bienes nacionales de uso público. Por consiguiente, los afectados somos todos los chilenos», sostiene.

Tres de las cinco represas serán construidas en el río Pascua, el tercero más caudaloso del país y en el que viven los últimos huemules, unos pequeños ciervos en vías de extinción. Endesa, que lleva varios años operando en Chile, consiguió los derechos sobre este río en los últimos meses de la dictadura pinochetista. Las otras dos centrales hidroeléctricas serán construidas en el río Baker, el más caudaloso del país.

Endesa se defiende

Los empresarios que impulsan este proyecto, que requerirá una inversión de 2.500 millones de dólares y que no estará terminado hasta 2018, rechazan las acusaciones. Hernán Salazar, gerente general de Hydroaysén hizo públicas sus intenciones en marzo de 2007. Para ello se trasladó hasta Coyhaique, una de las localidades que se verían afectadas. Allí prometió priorizar «el desarrollo sustentable de la región, incluyendo los más altos estándares de calidad, con una estrecha participación de la comunidad local». Negó que la fauna y flora se viesen perjudicadas por las represas y aseguró que intentarán «minimizar» los traslados de familias cuyos predios quedarían bajo las aguas.

Patricio Segura, vocero de Aysén Reserva de Vida, admite que se trata de una «campaña épica» y que no resultará sencillo detener los intereses de la empresa española, que cuenta con el firme respaldo del Gobierno chileno. Así y todo, se muestra confiado en convertir esta pelea local en una batalla internacional. Uno de los primeros pasos ha sido conseguir la implicación de Greenpeace en Europa. «La campaña no debe ser solo de Aysén, sino de todo el mundo. Estamos hablando de un ejemplo de cómo las transnacionales van arrasando con el poco monte natural que nos queda, simplemente por intereses económicos. Estamos a tiempo de no cometer un ecocidio en una de las zonas más prístinas y puras de todo el planeta. Si podemos salvar la Patagonia, podemos salvar el mundo», pronostica.