Sí, el patio judicial está revuelto. Ha trascendido de tal modo a la opinión pública la desidia con que se trabaja en algunos -demasiados- juzgados, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tenido más remedio que intervenir. El caso concreto es la actuación judicial con Santiago del Valle. Este fue juzgado en 2002 por abusos a su hija, no se dictó Sentencia hasta 2005 y, por error, se le dejó en libertad. Probablemente este desaguisado no se habría conocido sin la circunstancia de que Santiago del Valle es el principal sospechoso de la muerte de Mari Luz Cortés, la niña asesinada en Huelva. Hoy el CGPJ decidirá cómo sancionar al juez Tirado, si con el traslado forzoso, la suspensión o la separación de la carrera judicial.

El CGPJ, ante estos hechos, ha decidido reformar su sistema de inspección, lo que, seguro, es necesario. Tan necesario como que haya un mayor control de la salud mental de las y los jueces. La propia comisión disciplinaria del CGPJ acaba de admitir una realidad conocida en la judicatura: hay jueces y juezas con graves problemas de salud mental que continúan en sus puestos de trabajo y toman decisiones sobre la vida de las y los ciudadanos. Incluso la Asociación Jueces para la Democracia viene exigiendo un mayor control de la salud mental del colectivo.

Hay profesiones que, por la trascendencia y responsabilidad social de su trabajo, exigen un mayor control sobre la salud mental de quienes las ejercen. Se da el caso de que para ser bombero, policía o piloto hay que demostrar que se está en pleno uso de las facultades mentales. Sin embargo, un juez o una jueza -que decide sobre la vida y hacienda de las y los ciudadanos- no. Tampoco se evalúa este aspecto durante sus años de ejercicio profesional. ¿Y si tiene un trastorno bipolar o esquizofrenia? ¿O es una persona con problemas de personalidad, como algunas de las que sufrimos más directamente en Euskal Herria? Pues... el nivel de indefensión de la ciudadanía es casi total.

Y digo casi, porque recientemente -tras mucho pelear y con un costo económico importante- el matrimonio formado por Vanesa de las Heras y Susana Meseguer ha conseguido que el CGPJ suspendiera en sus funciones al juez Ferrín Calamita, por retardo malicioso en la administración de justicia. Este venía impidiendo de forma ilegal la adopción por De las Heras de la hija de Meseguer. Un proceso que suele durar un mes está enquistado desde mayo de 2006 por este juez de Murcia que es capaz de dilatar sine die procesos sólo por sus convicciones religiosas y se destaca por las resoluciones contra el colectivo homosexual.

En teoría, el trabajo de una o un juez se ejercita de forma totalmente independiente, sin interferencias ideológicas, y se basa en argumentos razonados extraídos de la legalidad vigente. Algo así como si fueran seres angelicales de otro mundo. Lo malo es que conocemos la práctica que, en muchísimas ocasiones, es el reverso de esta moneda.