Ya antes de las elecciones de los días 13 y 14, los italianos saben que entre los nuevos diputados y senadores que ocuparán sus escaños habrá personas perseguidas e incluso condenadas por corrupción y otros delitos.

La ley electoral obliga a los electores a votar por una lista y no por un candidato, privándoles de la libertad de descartar a ese tipo de candidatos. Bajo la presión de la sociedad civil, cansada de los escándalos financieros, políticos y del clientelismo con la mafia, los partidos políticos prometieron hacer esfuerzos para presentar listas «propias». También obispos abogaron por «listas propias» y abogaron por una reforma de la ley electoral que «permita a los ciudadanos elegir ellos mismos sus representantes».

El periodista independiente Marco Travaglio indicó que en el anterior Parlamento se sentaban 25 personas condenadas y que en el próximo podrían ser otros tantos.

El magistrado antimafia Antonio Ingroia destaca «la extrema difusión de los comportamientos ilegales en la clase dirigente italiana» y su homólogo Gherardo Colombo indica que «es muy difícil hacer funcionar la justicia cuando tanto italianos están de acuerdo para que no funcione».