La estrategia de la defensa de Juan María Atutxa (PNV), Kontxi Bilbao (EB) y Gorka Knörr (EA) seguirá dos vías paralelas para hacer frente a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo: presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, a su vez, pedirán la nulidad del fallo que les castiga con penas de entre 12 y 18 meses de inhabilitación por «desobediencia», al no disolver «de forma consciente y deliberada» el grupo Sozialista Abertzaleak, tal y como el Alto Tribunal había ordenado en 2003.

La solicitud de la nulidad se fundamenta en que el ponente de la resolución condenatoria, Manuel Marchena, «es juez y parte», puesto que fue «la mano derecha» de Jesús Cardenal cuando la Fiscalía del Estado inicio el proceso contra la Mesa del Parlamento de Gasteiz.

«El tiempo pondrá a todos en su sitio, incluso a los miserables». El ex presidente de la Cámara legislativa, Juan María Atutxa, lanzó ayer esta dura advertencia a los magistrados del Tribunal Supremo que decidieron, en una sentencia que se conoció la semana pasada, la inhabilitación de estos tres miembros de la Mesa.

Lo hizo en una comparecencia pública en un céntrico hotel bilbaino, en la que estuvo acompañado por Kontxi Bilbao y arropado por destacados miembros de su partido -como el propio presidente del Euskadi Buru Batzar, Iñigo Urkullu y la secretaria de la Ejecutiva jeltzale, Belén Greaves- y de Ezker Batua -estuvo presente el dirigente vizcaino Igor Irigoyen-. A pesar de haberse anunciado su presencia, finalmente no acudió Gorka Knörr, quien fue excusado por el propio Atutxa.

«Marchena debió abstenerse»

En la rueda de prensa también participó el abogado defensor de los tres condenados, Alberto Figueroa, quien manifestó que el magistrado Manuel Marchena, ponente de la resolución, «debió abstenerse», ya que en el momento en el que se inició la causa contra sus defendidos ocupaba el cargo de fiscal jefe de la Secretaría General Técnica del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

Figueroa añadió que «es un caso de libro», porque «si se está asistiendo a quien ha puesto la querella y posteriormente se actúa como magistrado ponente de la sentencia, invalida su imparcialidad y la sentencia de la Sala».

A este respecto, destacó que «aunque alguien podrá decir que, incluso con la abstención de este magistrado, la votación hubiera sido favorable a la condena, lo cierto es que la intervención de Marchante debió influir en las decisiones del Tribunal, más aún cuando se trata del ponente encargado de redactar la sentencia».

Respecto al recurso de amparo ante el Constitucional, Figueroa argumentará que Atutxa, Knörr y Bilbao han visto vulnerados derechos fundamentales, ya que no se ha garantizado el derecho a la igualdad, ni las garantías procesales exigibles, ni la presunción de inocencia.

El letrado confía en que, finalmente, el proceso dará la razón a sus representados, y basa esta esperanza en que sus argumentos «ya convencieron» primeramente a la juez instructora, después en dos ocasiones al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y también a cinco de los doce magistrados del Tribunal Supremo.

Los «miserables», en su sitio

Con su habitual tono contundente, Atutxa reiteró los argumentos con los que se han defendido en la causa y negó que, ni él ni Knörr o Bilbao sean «desobedientes» ni «delincuentes». Así, insistió en que «no hemos cometido delito alguno, hicimos lo que estuvo en nuestras manos, mantuvimos paralelamente dos dignidades, las cuales nunca pisotearíamos: una, la dignidad personal; y otra, la dignidad institucional. Y hacer lo contrario era pisotear nuestro propio reglamento, es decir, nuestra propia institución, que jamás de los jamases haríamos».

El ex presidente del Parlamento de Gasteiz cargó contra el comportamientoen este caso del estamento judicial, al que acusó de cometer «el gravísimo error de adentrarse en algo que correspondía exclusivamente a la capacidad de autoorganización de un parlamento».

Atutxa dijo sentirse «injustamente tratado» por la Justicia, pero advirtió que «la última palabra está todavía por decir; tiempo al tiempo, porque éste pone a cada uno en su sitio, incluso a los miserables». También insistió en el carácter político del proceso y dejó caer que «algún día se sabrá, y quizá alguien ya lo esté escribiendo ahora, qué había realmente detrás de aquella Sala de la Discordia; alquien que fue partícipe de la Justicia en el País Vasco, y que contará los detalles de aquella decisión y de las conexiones permanentes con Madrid, con el Supremo...».

Por su parte, la parlamentaria de EB Kontxi Bilbao dijo no dudar de que el caso «va a tener un buen final» porque tanto ella como sus compañeros de Mesa hicieron «lo que teníamos que hacer y con honestidad». También censuró que «cuando el tribunal hace esta sentencia está metiéndose a juzgarnos en nuestro interior y cuando un tribunal se pone así por encima de Dios es preocupante», indicó. Asimismo, criticó, en referencia a Manuel Marchena, que «cuando una persona íntimamente vinculada al fiscal general, conocedora de los hechos, es capaz de prestarse a ser miembro de un tribunal, eso para la gente normal es hacer trampas».