El concejal de EAE-ANV en el Ayuntamiento de Laudio, Gaizka Amorrortu, cree que el Consistorio debe recurrir la sentencia judicial que desestima la demanda presentada en contra de la empresa Construcciones y Proyectos Pagolar. El Ayuntamiento de Laudio reclamaba 589.999 euros a la empresa constructora de 45 pisos de la calle José Matía, vendidos a un precio tasado pero que se han estado revendiendo a precio de vivienda libre. La razón de esta demanda es la omisión, por parte de la empresa, de una cláusula acordada en el acto de compraventa entre Pagolar y el Ayuntamiento por la que se reconocía que, en caso de revenderse estas viviendas, el Consistorio tendría prioridad.

El objetivo de esa cláusula, subraya Amorrortu, era garantizar el objetivo de la actuación, «edificar unas casas dignas, baratas y evitar que se especule con ellas». Ésta fue la pretensión del equipo de gobierno independentista en tiempos de la Alcaldía de Pablo Gorostiaga. A partir de 2003, año en que a la izquierda abertzale se le privó de la posibilidad de participar de forma normalizada en las elecciones, perdiendo de esta manera su representación en el Consistorio, comenzaron las reventas.

No hubiera habido ningún problema, según Amorrortu, si el nuevo equipo de gobierno municipal, presidido por el jeltzale Jon Karla Menoyo, «hubiese controlado las escrituras de compraventa de los pisos, que son enviadas al Ayuntamiento».

Sin embargo, sólo cuando la izquierda abertzale destapó el incumplimiento actuó el gobierno municipal. «Hasta entonces no se habían enterado o no se habían querido enterar del asunto, a pesar de que dos de sus concejales se encuentran entre los compradores de dichos pisos», una circunstancia que el concejal de EAE-ANV considera «por lo menos curiosa».

Se pregunta la formación ekintzale si alguien puede creer que el incumplimiento de Pa-golar «fue un simple olvido» o que actuó unilateralmente «a pesar de saber los riesgos de incumplir el contrato, sin obtener un beneficio aparente» o si acaso la empresa sabía «que no había riesgo».

Beneficio privado

El equipo de gobierno municipal presidido por Pablo Gorostiaga compró los terrenos de la calle José Matía para construir viviendas a un precio menor al del mercado libre, establecien-do en el contrato de compraventa una cláusula que daba al Ayuntamiento la prioridad ante una posible reventa, con el objetivo de evitar que se especulase con ellas.

En una sentencia del pasado 25 de marzo, el Juzgado de Amurrio considera «incuestionable» la responsabilidad de la empresa constructora, pero estima que el Ayuntamiento debería haber mostrado «un mayor celo». Por ello, desestima la demanda contra Pagolar y condena al Ayuntamiento a pagar las costas del juicio. Considera la sentencia que el Consistorio debe conformarse con los 50.000 euros que la empresa constructora le dio en concepto de fianza antes de dar comienzo a la edificación de las viviendas.

EAE-ANV considera que en este proceso se ha dado un «daño patrimonial público» y que en este caso «la renuncia del municipio al beneficio del mercado se ha convertido en una posibilidad cierta de lucro particular».