Los 27 ciudadanos vascos procesados en el juicio contra el movimiento pro-amnistía argumentaron al comienzo del juicio que la Audiencia Nacional carecía de legitimidad para juzgarles y renunciaron a su defensa jurídica señalando que no querían formar parte de ese «circo». Y los testimonios aportados hasta el momento por las FSE no han hecho más que corroborar y ahondar en el «absurdo» del juicio.

Si los guardias civiles «descubrieron» anteayer que el movimiento pro-amnistía se financiaba con «txoznas, huchas, ri- fas y sorteos» y que la estruc- tura interna estaba organizada como cualquier agente político, social o sindical de este país, los trece ertzainas que testificaron en la Audiencia Nacional tampoco aportaron ninguna prueba incriminatoria contra ninguno de los procesados.

Los agentes acudieron «invitados» por el Ministerio Fiscal y se limitaron a dar a conocer los atestados recogidos tras los ataques sufridos por juzgados de paz de localidades como Ordizia, Oiartzun, Eibar, Villabona, Portugalete, Bergara, Zornotza, Leioa, Ondarroa y Durango. Se supone que las acusaciones pretendían demostrar que los procesados tenían algo que ver con esto, aunque en ningún momento mencionaron la participación de alguno de ellos ni la relación que tendría el movimiento pro-amnistía con estos hechos.

«Show» televisivo

Los problemas técnicos obligaron a retrasar en más de veinte minutos el inicio de una sesión que ayer vivió el capítulo más surrealista en lo que va de juicio. Los ertzainas declararon mediante videoconferencia desde los juzgados de Bilbo y convirtieron en un show televisivo la sala de la Audiencia Nacional.

Si no fuera porque las penas que piden las acusaciones alcanzan los diez años de cárcel, las situaciones ocurridas durante la sesión podrán catalogarse de chiste, con informes de atestados que no se correspondían con los que se estaban testificando, reportajes fotográficos con los daños materiales ocasionados en los juzgados que apenas se podían apreciar por la oscuridad de las imágenes, pin- tadas y pancartas aparecidas en el lugar de los hechos o preguntas sobre si las botellas de los cócteles lanzados eran de la marca Radical Fruit.

Entre tanto despropósito hasta llegó a sonar el teléfono en el juzgado.

Todo ello estuvo aderezado con la magistrada Teresa Palacios ejerciendo de conductora del programa. «¿Hay alguien por ahí?», preguntaba con su acento andaluz y una sonrisa en la boca cada vez que llamaba a declarar a los testigos y no se veía a nadie en la pantalla, buscando hacer una broma.

Testigo protegido

Los agentes declararon a contraluz, para no poder ser reconocidos, y uno de ellos aseguró que tras instruir el atestado redactado tras el ataque contra el juzgado de paz de Durango solicitó la protección de testigo, ya que el movimiento pro-amnistía forma parte del entorno de ETA.

Otros ertzainas relataron que en los partes emitidos a la Audiencia Nacional adjuntaron las revindicaciones realizadas de las acciones de kale borroka en los diarios GARA y ``Egin''. En concreto, mencionaron que los ataques contra los juzgados de Oiartzun -en 1999- y Bergara -en 1995- se realizaron en protesta por las leyes extranjeras y por la represión en Euskal Herria, respectivamente te.

Asimismo, un agente aportó que en el ataque ocurrido en Eibar en 1995 había una pintada en euskara en la que se decía literalmente «68 presos vascos en huelga de hambre en Francia a favor de los derechos humanos». Según explicó, la pintada se realizó cuatro días antes de que fuera quemado el juzgado, pero la ertzaina lo añadió en el atestado y el fiscal trató de rentabilizarlo como prueba.

En esa misma línea, preguntó al agente encargado de redactar el informe del ataque contra el juzgado de Oiartzun qué ponía en una pancarta que estaba fotografiada tras los daños materiales registrados, por si hacía referencia al movimiento pro- amnistía. Sin embargo, el policía contestó que se limitaron a fotografiar la fachada y que la pancarta simplemente estaba ahí puesta.

Sacar de la calle

En declaraciones realizadas a GARA tras finalizar el juicio, Juan Antonio Madariaga valoró que los testimonios de los ertzainas han dejado en evidencia que el Gobierno de Lakua, con el PNV como máximo responsable, utiliza a la Policía autonómica para «criminalizar» e «ilegalizar» al movimiento pro- amnistía.

Madariaga consideró que «es la hora de los testigos de ayer, hoy y mañana», en referencia a las personas que han sufrido la represión por parte de la Ertzaintza y, por ello, declaró que «los que deberían estar sentados como acusados en la Audiencia Nacional son los propios ertzainas y sus respon- sables políticos, por haber golpeado y torturado a tantos ciudadanos vascos».

El portavoz de los procesados recordó las brutales cargas efectuadas por la Policía autonómica cuando fueron recibidos los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala en el aeropuerto de Hondarribia y que impidieron a sus familiares y amigos darles el úl- timo adiós tras años sin saber nada de ellos después de su secuestro y desaparición.

Asimismo, manifestó que «es también la hora de aquellos familiares que semana tras semana y día a día ven que por solidarizarse y reivindicar los de- rechos de sus familiares presos sus iniciativas son acosadas y criminalizadas por la Ertzaintza», enviando informes a la Audiencia Nacional.

En este sentido, denunció que las declaraciones realizadas por los agentes autonómicos en el tribunal especial demuestran que «siguen una directriz política» de un Gobierno de Gasteiz que busca «con beligerancia criminalizar, judicializar y sacar de las calles una reivindicación que es asumida ampliamente por la sociedad civil».

Madariaga criticó que es ya de por sí «lamentable» que el Ejecutivo autonómico «no haga frente a una situación que afecta a más de 700 personas y miles de familiares con su pasividad» y le reprochó que además participe en esta «estrategia represiva».

Por ello, insistió en la idea de que la Ertzaintza envía informes y colabora con la Audiencia Nacional porque «la voluntad política del PNV es criminalizar e ilegalizar al movimiento pro- amnistía».

Además, denunció que la formación jeltzale actúa de esa manera pese a conocer de primera mano que «cuando hemos realizado movilizaciones en defensa de los presos o en denuncia de la tortura han sido actos públicos, y que las acciones de kale borroka no tienen nada que ver con el movimiento pro-amnistía».

Movilizaciones

Precisamente, a lo largo de toda la jornada de ayer se desarrollaron en Euskal Herria diversas movilizaciones que denunciaron el papel del PNV en el juicio que se desarrolla en Madrid. Por la mañana, la protesta se llevó a cabo frente a la sede de Lehendakaritza de Lakua, en cuyo interior se celebraba un acto por el 60 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Varias personas se concentraron tras una pancarta con el lema «Jaurlaritza-PNV ere errepresioaren arduradun. Aski da!».

Exactamente con el mismo lema, decenas de personas protagonizaron una concentración desde las 19.00 frente a Sabin Etxea, la sede central del PNV en Bilbo. A lo largo de la protesta se escucharon consignas que responsabilizaban al partido jeltzale de las consecuencias de la represión y denunciaban su papel activo en la ilegalización del movimiento pro-amnistía.

Por otro lado, Presoen Aldeko Taldeak (PAT) informó del desarrollo de movilizaciones en diferentes espacios universitarios para protestar por el juicio que se está desarrollando en Madrid. Así, en el campus de Leioa participaron 40 personas, 15 en la escuela de Ingenieros y otras tantas en la escuela de Magisterio de Enekuri (ambas en Bilbo). También se registró un acto de protesta en Ibaeta, y en Gasteiz los estudiantes se sumaron a la movilización frente a Lakua antes mencionada.

En una nota hecha pública, PAT manifiesta que el juicio se desarrolla «en un tribunal especial extranjero, ante jueces especiales y en aplicación de leyes de excepción» y apostilla además que pretende «condenar, no sólo a las 27 personas acusadas, aunque para ellas se pidan sendas penas de diez años de cárcel, sino a miles de hom- bres y mujeres que desarrollamos un trabajo político en Euskal Herria».