La Comisión de Urgencia Legislativa del Parlamento de Gasteiz debatirá hoy la reforma reglamentaria con la que el tripartito pretende que en caso de que los tribunales españoles vuelvan a exigir la disolución de un grupo parlamentario, ésta deba ser acordada por el pleno de la Cámara «y por la mayoría absoluta de los miembros de la misma».

La iniciativa de PNV, EA y EB pretende salvaguardar así, no tanto los derechos de los grupos que puedan verse afectados por la medida, como los de los órganos de gobierno del Parlamento, como la propia Mesa, puesto que existe ya el precedente de que algunos de sus miembros han sido procesados, multados e inhabilitados por negarse en su día a disolver Sozialista Abertzaleak.

Pero ese precedente sirve también para conocer que la no disolución del grupo llevó equiparado el impago por parte del Parlamento de las subvenciones que le correspondían a Sozialista Abertzaleak, dinero que a pesar de que la Mesa reconoció que pertenecía al grupo, acabó engrosando las arcas de la Cámara autonómica sin ningún tipo de explicación.

En vista de ello, Ezker Abertzalea ha presentado una enmienda a la propuesta del tripartito, que a la exigencia de que la disolución sea aprobada por el pleno por mayoría absoluta, añade que para que la cuestión sea llevada al Parlamento primero deberá existir una sentencia «firme en todas las instancias pertinentes».

Además, se incluye que «la disolución del grupo parlamentario sólo llevará aparejada la pérdida de las asignaciones correspondientes al grupo al que afecta la medida una vez que haya sido acordada por el Pleno de la Cámara. No habrá lugar, en modo alguno, a retenciones preventivas de las citadas asignaciones».

PSE y PP no han presentado enmiendas a la propuesta del tripartito, puesto que están en contra de esta reforma del reglamento, que además entienden que es ilegal e inútil.

Según detallaron sus portavoces en el pleno en el que fue admitida a trámite, en la medida en la que los tribunales españoles se dirijan a la Mesa de la Cámara para que haga efectiva la suspensión de un grupo parlamentario, quienes se nieguen a ello seguirán siendo responsables ante la ley, haya o no que tomarse la decisión en un pleno como ahora se pretende.