La alta abstención evidencia el fracaso de la consulta de los oligarcas cruceños
El alto índice de abstención en el referéndum celebrado el domingo en el departamento boliviano de Santa Cruz, que casi triplicó el registrado en las votaciones de 2006, sumado a los sufragios contrarios al estatuto de autonomía rondan el 50%, lo que evidencia el fracaso de la consulta impulsada por la oligarquía cruceña. Se ha alertado, además, sobre un posible fraude, favorecido por la ausencia de observadores internacionales. Evo Morales volvió a llamar al diálogo.
GARA |
De fracaso rotundo calificó el presidente de Bolivia, Evo Morales, la consulta «ilegal y anticonstitucional» llevada a cabo en el departamento de Santa Cruz, el más rico del país, para aprobar su estatuto de autonomía, ya que los sondeos provisionales y los datos de los medios de comunicación privados, la mayoría ligados a la clase empresaria impulsora de la consulta, pusieron de manifiesto que al menos la mitad de los ciudadanos cruceños no apoya el modelo autonómico impulsado por la oligarquía.
Responsables políticos y empresariales de Santa Cruz dijeron que el 81% de los votantes respaldó el estatuto, elaborado por el Gobierno local que lidera Rubén Costas y el Comité Cívico del terrateniente Branco Marinkovic, mientras que algo más de 18% votó en contra.
En un mensaje dirigido a la nación desde el Palacio de Gobierno en La Paz, Evo Morales afirmó que «no se puede engañar al pueblo diciendo que hay un ganador con más del 80%» sin considerar el porcentaje de abstención del 39% (hasta el 45%, según algunas fuentes), que casi triplica los niveles registrados en las últimas citas electorales. Es el caso de la doble consulta del 2 julio de 2006 en la que la ciudadanía votó si quería autonomía, con una abstención en Santa Cruz del 17%, y eligió a los representantes en la Asamblea Constituyente, con una abstención del 19% en ese departamento. En el ámbito nacional, ésta suele oscilar entre el 20 y el 22%.
Según informó la red de televisión ATB, en el padrón de Santa Cruz están inscritas 933.000 personas, de las cuales habrían votado 569.000 y se habrían abstenido 364.000, un 39%.
En torno al 50%
Morales indicó que estos datos deberían preocupar a quienes apostaron por una consulta «ilegal», ya que si se suman las abstenciones, los votos por el «no» y los sufragios nulos la conclusión es que en torno al 50% de los cruceños no apoya la autonomía de los oligarcas. Al margen del carácter ilegal y anticonstitucional de la consulta, el Ejecutivo aludió a la falta de consenso para asegurar que el estatuto de autonomía de Santa Cruz es «inaplicable».
Evo Morales lamentó, asimismo, la división y el enfrentamiento provocado por la iniciativa autonomista en el seno del departamento de Santa Cruz, al tiempo que valoró la «conciencia» y «sabiduría» del pueblo y de los movimientos sociales que, pese a la «humillación» y a las agresiones, «resistieron» ante quienes tratan de imponer un estatuto que calificó de «separatista y divisionista».
En opinión del presidente de Bolivia, el único camino para garantizar las autonomías departamentales es la votación de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente y cuyo refrendo, previsto también para el domingo, quedó finalmente aplazado.
«Yo repito -dijo Morales- que para unir a los bolivianos hay que compatibilizar la nueva Constitución Política del Estado boliviano, recogiendo algunos temas importantes del llamado estatuto autonómico. Si quisiéramos ser legalistas y constitucionalistas o basarnos en un tema legal, primero sometamos al pueblo la nueva Constitución y de allí vendrá la autonomía. Primero la Constitución, después los estatutos».
En cualquier caso, nadie dudaba de la victoria del «sí» en una consulta controlada por las autoridades electorales autonomistas, administrada por una empresa privada contratada por los autonomistas, vigilada por observadores autonomistas y cubierta por medios de comunicación que llamaban a apoyar la autonomía departamental, y en la que no tenían previsto participar los sectores oficialistas que apoyan a Evo Morales.
Diálogo
Durante su intervención del domingo, el presidente boliviano volvió a convocar a todos los gobernadores opositores a trabajar desde ayer mismo por una verdadera autonomía para los pueblos indígenas, departamentos y regiones, basada en la nueva Constitución de Bolivia, según informó Bolpress, y confió en que su llamamiento «sea escuchado por los prefectos para garantizar autonomías para los pueblos y no para grupos».
El ministro de Gobierno, Gustavo Rada, señaló al respecto que el diálogo debe darse en el marco de la ley, y recordó que los gobernadores opositores han rechazado hasta la fecha todas las ofertas del presidente.
Denuncias de fraude
Poco después de diera comienzo la votación el domingo, habitantes de Santa Cruz denunciaron a los medios de comunicación la apertura de mesas electorales sin respetar las normas electorales y la «depuración» inexplicable por parte de la Corte Departamental Electoral (CDE) de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Se denunció también, según informó Bolpress, que menores de edad votaron a cambio de dinero en nombre de electores que se abstuvieron y cargos electos del MAS constataron la llegada a Santa Cruz de decenas de camiones con ciudadanos de Beni, Pando y Tarija para aumentar el número de votantes.
Además, siete personas del barrio Plan Tres Mil se personaron en las oficinas de la CDE y del Centro de Prensa Internacional para denunciar y presentar pruebas de cómo se habían enviado a los colegios electorales de su zona papeletas premarcadas a favor del estatuto. Tras realizar la denuncia, este grupo fue detenido y agredido por «grupos de choque» autonomistas del Comité Cívico pro Santa Cruz -organizados en la Unión Juvenil Cruceñista y en las «guardias civiles»-, que destruyeron su vehículo en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra.
Todas estas denuncias, junto a la ausencia de observadores internacionales independientes, a la falta de un sistema informático oficial validado por la Corte Nacional Electoral (CNE) y a la no presencia de interventores partidarios del «no» en las mesas electorales hacen que las sospechas de fraude sean muy elevadas y estén bien fundadas.
«Primera derrota»
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aseguró que la victoria del «sí» supone la primera derrota de la reforma que propugna el Gobierno, que, con la nueva Constitución, pretende restituir a los indígenas los derechos que no se les reconocían hasta la llegada de Evo Morales al poder, y recuperar el control de los recursos naturales.
Además, la oligarquía cruceña, principal impulsora de la autonomía, también está enfrentada al Gobierno por una reforma agraria que podría hacerles perder a los terratenientes decenas de miles de hectáreas de las que se han ido apropiando a lo largo de los años, en detrimento de los pueblos originarios, y gracias al favor, en muchos casos, de los Ejecutivos, también centralistas, de La Paz.
Según Costas, la consulta marca el camino «hacia una nueva república» que hará de Bolivia «el Estado más descentralizado de América Latina». Tras insistir en que la autonomía garantiza la unidad del país, abogó por llegar a un «gran acuerdo nacional» que armonice las normas del Estado y fortalezca las instituciones del país.
El estatuto cruceño, presentado el 15 de diciembre, seis días después de que la Asamblea Constituyente aprobara la nueva Constitución, reclama un alto grado de autonomía para manejar competencias relativas a Justicia, Hacienda, Administración y Guerra, en manos del Gobierno de La Paz, evocando una antigua resolución de intendentes que data de 1872, y pretende asumir otras competencias muchos más sensibles que corresponden al Ejecutivo de Bolivia, como son la administración de tierras -derechos, distribución y redistribución- y el control de los recursos naturales.
El texto incluye, asimismo, el poder sobre los impuestos, la creación de la Policía departamental y la potestad de establecer acuerdos con el Gobierno central y los municipios, y excluye las relaciones exteriores.
El estatuto de Santa Cruz, que tiene 2.5 millones de habitantes, de los cuales el 20% son indígenas, reconoce y protege la propiedad privada sobre la tierra en el departamento, ya sea ésta colectiva o individual, «siempre que cumpla una función social».
La convocatoria al referéndum fue formulada en una consulta realizada el 2 de julio de 2006 a solicitud de los departamentos opositores al MAS de Evo Morales. Los gobernadores, que son elegidos por el Ejecutivo central, estaban en el cargo desde antes del triunfo del actual presidente.
Los enfrentamientos entre opositores y partidarios de la autonomía de Santa Cruz se saldaron con al menos dieciocho heridos, uno de ellos de gravedad, y cuarenta detenidos.
El recuento «oficial» de los votos emitidos en la consulta de Santa Cruz no finalizará hasta el viernes, según dijo el presidente de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Mario Parada.
Santa Cruz lidera un movimiento que secundan otros departamentos opositores, como Beni, Pando y Tarija, que también tienen previsto celebrar sendas consultas en junio para aprobar sus estatutos.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, no es el estereotipo de ciudad boliviana que se tiene en el exterior. Organizada en anillos, Santa Cruz de la Sierra tiene una extensión inimaginable, albergando a millón y medio de ciudadanos, sin casi ningún edificio mayor de dos plantas. Las diferencias sociales son patentes en toda la ciudad, ya que en la misma calle se pueden encontrar familias viviendo en chabolas en condiciones infrahumanas y lujosas urbanizaciones protegidas por alambre de espino.
Los jóvenes de las universidades privadas se desviven por seguir la moda estadounidense y se mueren de envidia porque en tu país puedes comer en un McDonald´s. Mientras, aunque parezca mentira, Bolivia se encuentra inmersa en una revolución socialista, que devolverá a los indígenas sus derechos.
Es aquí donde ha calado con fuerza un discurso en primer lugar contrario al gobierno y, después, favorable a la autonomía. No es casualidad. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad económicamente más avanzada de Bolivia, y los cruceños están orgullosos de ello. Es más, miran con recelo a sus vecinos del altiplano boliviano y, en algunas ocasiones, se dan signos más que evidentes de racismo.
En Bolivia conviven multiples etnias, y la convivencia no siempre es fácil. En Santa Cruz se diferencia a «cambas», ciudadanos de la parte oriental del país (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija...) y «collas», los bolivianos de La Paz, Oruro, Potosí, El Alto...
Basta dar un paseo por Santa Cruz de la Sierra o subirse a cualquier taxi para darse cuenta del odio y resentimiento que sienten los «cambas» hacia los «collas». Porque en Santa Cruz viven muchos «collas» que migraron atraídos por la bonanza económica de la región. El hecho de que provengan de otro lugar hace que muchos los consideren otra clase social. Pero esa diferencia es más patente respecto a los indígenas. Se puede afirmar con seguridad que casi todos los indígenas que viven en Santa Cruz son pobres, pero no todos los pobres de Santa Cruz son indígenas, porque, por desgracia, la pobreza afecta a una gran parte de la población, aunque, al parecer, también entiende de etnias.
Santa Cruz de la Sierra vive estos días toda una vorágine autonómica. Más que defender la autonomía, lo que quieren es ser independientes de un Gobierno de corte socialista e indígena. Para la élite de Santa Cruz, grandes propietarios de inmensas extensiones de tierra o empresas petroleras, tener un presidente que viste poncho, fue sindicalista cocalero y juró su cargo invocando a la Pachamama, es una vergüenza. Pero ante todo, un peligro, porque quizá esa mujer indígena de largas trenzas que le pide una moneda en la calle recupere sus derechos y vuelva a sus tierras originarias, ahora de su propiedad.
