El Ayuntamiento de Pasaia ha decidido derribar las casas de Maestros del Carmen, en Trintxerpe, y sus habitantes, agrupados en una asociación, comparecieron ayer ante la prensa para criticar su actitud. Expresaron que demuestra una nula voluntad de impulsar una solución que equilibre los derechos que se encuentran en juego: el de la vivienda y el de una educación digna (en 2006 se puso la parcela a disposición del Departamento de Educación de Lakua para construir un nuevo edificio escolar de educación infantil sustituyendo al actual).

Indicaron que estas viviendas llevan 26 años ocupadas, en un inicio por personas alojadas por el propio Ayuntamiento como solución a su situación social. A partir de 1987, las casas vacías fueron utilizadas por jóvenes y estas ocupaciones se prolongaron durante más de 20 años con el consentimiento del Consistorio. Los portavoces de la Asociación explicaron que en aquellos primeros años los ocupantes se empadronaron en las casas hasta que el Ayuntamiento decidió no ofrecer esa opción a más personas, «siendo esta medida totalmente arbitraria». Destacaron que, a pesar de ello, los agentes municipales recaban datos regularmente para completar un censo propio.

En estos años las vecinas y vecinos se han comunicado con los diversos equipos de gobierno para impulsar «una solución que garantice el derecho al realojo de las personas que corremos el peligro de ser desalojadas, respetando, a su vez, el de- recho de que Trintxerpe tenga unas escuelas dignas».

Explicaron que el inmueble pasó de las manos municipales a las autonómicas y que las negociaciones entre ambas instituciones dio los frutos que deseaba el Ayuntamiento, por lo que sufrió una pérdida de patrimonio valorada en 500 millones de pesetas. A partir de ese momento y viendo que las casas eran competencia del Gobierno de Lakua, intentaron y siguen intentando reunirse con representantes de Educación y Vivienda. Sin embargo, su actitud ha sido la del «silencio, hermetismo, oscuridad y entorpecimiento de cualquier solicitud a fin de informar a vecinos o a terceros sobre cuál es la solución».

Sí han mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Pasaia. Éste solicitó a Lakua que se comprometiera en un convenio al realojo en el caso de que se confirmara la existencia de derechos, pero el Gobierno autonómico no firmó este acuerdo. Los vecinos lamentan que ambas instituciones «se han estado pasando la pelota sin asumir las graves consecuencias del desalojo».