Tras tres semanas de juicio, GARA ha hablado con los imputados en el sumario 33/01 Julen Larrinaga y Juan Antonio Madariaga; creen que en lo que va de vista oral ha quedado claro que «la sentencia está escrita», como denunciaron desde un principio. Para Madariaga, la «actitud» que muestran la presiden- ta -Teresa Palacios- y el fiscal -Carlos Bautista- lo confirma.

La magistrada hizo caso omiso a las denuncias de torturas mientras, por contra, ayudaba a un guardia civil a corregir sus manifestaciones tras aludir éste a la «preparación espontánea» de las declaraciones policiales. Asimismo, la juez impidió en la última sesión a Martxelo Otamendi y Unai Romano que explicaran cómo fueron torturados por la Guardia Civil, y a los familiares de víctimas de los GAL como Santi Brouard o Jo- xean Lasa les manifestó que ya conocían sus casos y que no hacía falta que los recordaran.

En opinión de Madariaga, es revelador que el tribunal no haya querido escuchar los testimonios explícitos de la violencia de Estado. Afirma que con ello pretende desacreditar la idea de que es la propia represión la que ha motivado la creación del movimiento pro-amnistía para «dar por sentado» que se trata de una organización impulsada por ETA.

Larrinaga añade, frente a ello, que el «creador» e «impulsor» del movimiento pro-amnistía es el Estado español y concreta que «los diferentes ministros del Interior, desde Martín Villa a Rubalcaba, han sido los promotores e ideólogos».

Asimismo, ambos recuerdan cómo el fiscal ha reconocido en una charla con sus alumnos que no existen imputaciones individualizadas, y critican que en sus preguntas pretende dar un carácter de «oscurantismo y clandestinidad» al movimiento pro-amnistía cuando sus activida- des han sido públicas.

Larrinaga destaca que debido al «ciclo represivo» iniciado tras el fracaso del proceso de negociación, el Gobierno español pretende dotarse de «impunidad» para actuar «sin límites» y, por ello, pretende «sacar del tablero» al movimiento pro-amnistía, cuya «misión histórica» ha consistido en «solidarizarse» con los represaliados y denunciar la violencia que sufren.

Según afirma, el juicio encaja dentro de la actual coyuntura política en la que se pretende «legitimar la represión» y «quitar del medio» a todo aquel que pueda realizar cualquier tipo de denuncia, movilización o interpelación yendo a la ONU, a parlamentos o apelando a organismos internacionales. «Molesta que el nombre de España aparezca en foros internacionales y a nivel local», subrayan.

Insertan el juicio en un momento político en que «PSOE y PNV han iniciado una fase para deslegitimar a la izquierda abertzale y a ETA en todos los ámbitos, y no pueden aceptar que nosotros pongamos todas las contradicciones sobre la mesa», resume Larrinaga.

Acusar al Estado

La vulneración de derechos fundamentales que se ha producido en el sumario ha sido denunciada hasta por una asociación referencial europea como la de los Abogados Europeos Demócratas. Los procesados reiteran que «no hay margen para la defensa» y que debían dar un paso más en la «deslegitimación de «tribunales de excepción» como la Audiencia Nacional.

Aunque se enfrentan a penas de 10 años de cárcel por «integración», no van a defenderse. Larrinaga explica que «la batalla ideológica no es la legalidad del movimiento pro-amnistía, sino la ilegalidad de la represión», por lo que han optado por cambiar los papeles y acusar ellos al Estado: «Nos consideramos testigos de la represión en las últimas tres décadas y estamos reclamando responsabilidades».

En este sentido, manifiesta que la denuncia política está quedando refrendada, ya que el tribunal ha tenido que exculparse en varios alegatos diciendo que no se está enjuiciando la política del Estado. La tortura, la guerra sucia y la política penitenciaria han sido puestas sobre la mesa, y estiman que la Audiencia Nacional se encuentra incómoda porque «el Estado tiene un problema grave si reconoce la existencia de los miles de represaliados que ha generado, porque debería asumir su responsabilidad y quedaría deslegitimado».

En paralelo, el silencio sobre el juicio está siendo absoluto en el panorama mediático y político. Larrinaga critica que cuando han tratado el tema, lo han hecho para «desprestigiar» la postura de renunciar a la defensa. En concreto, censura que el PNV trató de quitar «carga política» al juicio diciendo que con su decisión actuaban como «unos talibanes que se iban a inmolar en la Audiencia Nacional». Sin embargo, advierte a los jeltzales de que frente al «abandono» a las figuras de Juan José Ibarretxe o Juan María Atutxa tras su procesamiento, el movimiento pro-amnistía ha actuado de forma muy diferente, con «dignidad» porque «sabemos que la decisión está tomada y no hay nada que hacer jurídicamente».

Madariaga también recalca la inacción de la clase política para afrontar el conflicto, la situación en las cárceles o la tortura. Pone como ejemplo reciente cómo el lehendakari, Juan José Ibarretxe, habla de las conversaciones de Loiola como base para una negociación con Zapatero sin mencionar en ningún momento que todos los representantes de la izquierda abertzale que asistieron a aquellas reuniones se encuentran encarcelados en estos momentos.