Juicio contra el movimiento pro-amnistía
El relator especial de la ONU para la protección de DDHH asiste a la vista
Dentro de la ronda de entrevistas que ha realizado a lo largo de la última semana, el relator especial de la ONU «para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo», el finlandés Martin Scheinin, acudió a la vista de ayer en la Audiencia Nacional.
Manex ALTUNA | MADRID
El relator especial de la ONU para «la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo», Martin Scheinin, acudió ayer a la vista del juicio contra el movimiento pro-amnistía. El finlandés se ha reunido en los últimos días con representantes del Gobierno español, como los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, asociaciones de víctimas de ETA y el Gobierno de Gasteiz, así como con abogados, presos políticos vascos y personas que han sufrido torturas y malos tratos en comisaría.
La visita de Scheinin tiene por objetivo formular recomendaciones concretas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en «la lucha contra el terrorismo». Desde la creación del organismo por parte de la ONU en 2005, ha visitado lugares como Turquía, Guantánamo o Israel y ha analizado las legislaciones «antiterroristas» de Australia y EEUU.
Surgimiento de Gestoras
Scheinin siguió las evoluciones del juicio acompañado por personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y dos traductoras. Apenas permaneció una hora en la sala, pero durante ese tiempo, entre otras cosas, escuchó las intervenciones de los miembros de la UCI sobre el surgimiento del movimiento pro-amnistía.
El policía identificado con el número 19.242, que también participó en el 18/98, se remontó a la década de los 70 para explicar cómo nace el movimiento pro-amnistía. Según apuntó, «en los últimos años del franquismo, debido a la legalidad vigente, existían muchas organizaciones sociales y políticas ilegalizadas y el número de personas encarceladas por delitos de opinión o por delitos violentos por motivaciones políticas era muy alto».
El miembro de la UCI señaló que en Euskal Herria se articuló un movimiento social amplio a través de comisiones que revindicaban la amnistía y la excarcelación de presos en cada barrio, y que, tras la muerte de Franco, en 1977 el nuevo sistema concedió la amnistía a todos los presos como medida de gracia.
Sin embargo, relató que ETA-militar entendió que era una «falsa» amnistía, ya que el nuevo sistema jurídico adolecía de un déficit democrático al no reconocer la territorialidad y la autodeterminación para Euskal Herria, y señaló que es una revindicación que se sigue manteniendo hoy en día.
A su vez, aseguró que la organización vasca continuó practicando la lucha armada para conseguir que se reconocieran sus peticiones por parte del Estado español y que las cárceles se volvieron a llenar de presos rápidamente. En este sentido, apuntó que el último preso político excarcelado con la amnistía, Fran Aldanondo, falleció dos años después de ser liberado en un enfrentamiento armado con las Fuerzas de Seguridad del Estado. El «perito» declaró que en ese contexto volvió a resurgir el movimiento pro-amnistía, pero sostuvo que a partir de ahí sólo estaba compuesto por personas vinculadas a la izquierda abertzale y que reclamaban la amnistía de los presos de ETA.
Registros en sedes de abogados
El relator especial de la ONU escuchó también como los policías reconocían que durante la instrucción del sumario contra el movimiento pro-amnistía fueron registradas las sedes de abogados en Hernani e incautados documentos que han sido aportados a la causa.
A este respecto, el presidente de la asociación de Abogados Europeos Demócratas, Gilberto Pagani, denunció este hecho la semana pasada junto con representantes de la asociación de abogados vascos Eskubideak. Pagani calificó de «vulneración del derecho a la defensa» dicha actuación y reclamó también la «desaparición» de «tribunales de excepción» como la Audiencia Nacional.
A la espera de que se conozca el informe definitivo que redactará Scheinin, las recomendaciones realizadas en 2003 por otro relator de la ONU, Theo Van Boven, pero en este caso para la tortura, dejaron en mal lugar al Estado español ante la opinión pública internacional y levantaron una enorme polvareda.
Van Boven concluyó tras su visita que la tortura y los malos tratos no son sistemáticos en el Estado español, pero que, en la práctica, el sistema permite la práctica de torturas o malos tratos, en particular en el caso de personas detenidas en régimen de incomunicación. La reprimenda sentó mal al Gobierno español, que se negó a adoptar medidas para evitar que se pudieran dar casos de tortura y trató de desacreditar al representante de la ONU.
Al igual que en el 18/98, un comisario y un inspector de la Policía española adscritos a la UCI y que se identificaron con los números 19.242 y 18.350 se presentaron como «expertos en ETA» y aseguraron que la organización armada controla a todas las organizaciones vinculadas con la izquierda abertzale en el ámbito social, cultural y político. Los policías repitieron la tesis que se utilizó para condenar en el macrosumario 18/98 y señalaron que el movimiento pro-amnistía trabajaba siempre cumpliendo órdenes de ETA. Los miembros de la UCI reconocieron también haber participado en los atestados, seguimientos y registros realizados durante la instrucción del sumario.
En el 18/98 se denunció esta situación al considerar que por esa razón debían declarar como testigos y no como «peritos». Además, criticaron que ser «experto en ETA» no es un conocimiento técnico que se reconoce para ser perito ya que no existe esa área de estudio como puede ser economista o médico. En el juicio por el 11-M el tribunal aceptó la petición, pero en el 18/98 se encuentra recurrido en el Tribunal Supremo.
Las autoridades de Canadá ordenaron ayer la entrega al Estado español de Bittor Tejedor, preso en Vancouver desde su detención en junio de 2007. Askatasuna recordó el riesgo que corre el prisionero de ser incomunicado y torturado.
Por tercer año consecutivo, Askatasuna de Santurtzi, con motivo de la celebración del Día del Libro (23 de abril), recogió libros destinados a los presos políticos de la localidad. La iniciativa fue muy exitosa, al recogerse un total de 312 obras.
En el municipio alavés de Zigoitia, del que es vecina la encausada Ixone Urzelai, 33 personas participaron en una concentración el pasado domingo. En el Ayuntamiento, la mayoría de fuerzas rechazó tratar la denuncia del proceso que había propuesto ANV.
Como sucede en la mayoría de pueblos y ciudades de Euskal Herria, allegados de los encausados gasteiztarras en el juicio contra el movimiento pro-amnistía comparecieron ayer públicamente para mostrar su solidaridad con las personas que están siendo juzgadas, y su denuncia del papel que cumple la Audiencia Nacional española contra Euskal Herria.
Los miembros de esta plataforma solidaria, compuesta por amigos y familiares de quienes están siendo juzgados por el tribunal de excepción español, tuvieron un recuerdo especial para Maite Díaz de Heredia, que se encuentra en prisión tras la operación en la que fue detenida gran parte de la Mesa Nacional de Batasuna, y trasladaron también su «apoyo y cariño» a los otros tres representantes del movimiento pro-amnistía de Gasteiz que están inmersos en este proceso: Iker Zubia, Iñaki Loizaga e Ixone Urzelai.
En su comparecencia de ayer, anunciaron la movilización que tienen previsto realizar a lo largo de toda la jornada de este viernes en la capital alavesa, bajo el lema «La solidaridad no es delito. Audiencia Nacional Stop». Desde las 12 del mediodía y hasta las ocho de la tarde, miembros de la plataforma de apoyo a los encausados en Gasteiz y colectivos que apoyan sus reivindicaciones mantendrán una concentración permanente, que tendrá lugar en la céntrica plaza de la Virgen Blanca. Con esta movilización, además de mostrar su apoyo a las personas que están siendo juzgadas «por ser personas solidarias y denunciar las distintas conculcaciones de derechos que se han venido dando en las cárceles y fuera de ellas», quieren también mostrar su adhesión a la manifestación nacional que al día siguiente se celebrará en Bilbo. Con ambos llamamientos pretenden, además de expresar su solidaridad para las personas imputadas, protestar por «la criminalización a la que se está viendo sometido el movimiento pro amnistía».
La presentación de esta iniciativa corrió a cargo de las representantes de la plataforma gasteiztarra Ana Ruiz e Izaskun Urkijo. Junto a ellas, el teólogo Félix Placer y el representante del movimiento vecinal Javi Aguillo explicaron, como testigos que debían haber acudido al juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional, su respaldo a la postura que han adoptado los imputados al rechazar el derecho a la defensa en términos jurídicos. En cualquier caso, explicaron que sus testimonios habrían tenido por objetivo explicar su relación con el movimiento juzgado y con las personas imputadas. Una relación que han mantenido en el pasado y que «seguiremos manteniendo, puesto que mucho nos tememos que sea imposible que desaparezcan, a la vista de los niveles represivos a los que se está sometiendo a Euskal Herria».
Una gran mayoría del movimiento ciudadano, social y sindical de la capital alavesa (36 organismos) se ha adherido a las demandas y movilizaciones que ayer anunciara la asamblea de amigos y familiares de los imputados en el sumario 33/01 contra el movimiento pro amnistía. Entre otros, han apoyado esta iniciativa la Comisión de Blusas y Neskas, el colectivo antimilitarista Gasteizkoak, la Comisión ciudadana Anti Sida, Herria 2000 Eliza, Salhaketa, la Asamblea de Mujeres de Araba y Bilgune Feminista, IKA y la asamblea de profesores de AEK, Gaytasuna, Zapateneo, Hemen eta Munduan, Elkartzen o Askapena. Varias asociaciones vecinales y los sindicatos LAB, STEE-EILAS, Hiru y ESK han mostrado también su denuncia y su solidaridad con las personas encausadas.
Entre las adhesiones individuales figuran quien representara la figura de Celedon durante muchos años, Iñaki Landa; profesores universitarios como José Luis Ormaetxea, Josetxo Aizpurua o Nicolás Xamardo; periodistas como Edurne Begiristain de «Berria», Ana Arbulu de EiTB y la plantilla de GARA en Gasteiz; los bertsolaris Manex Agirre, Oihane Perea y Ruben Santxez; los músicos Josu Zabala y Txerra Bolinaga; las campeonas del mundo de sokatira Aitziber Zabarte, Arrate Chillón, Garbiñe López de Uralde y Lorea Polvorosa...
A la comparecencia de ayer asistieron representantes de los organismos que se han adherido, y personas que participan en esta asamblea a nivel individual. Entre ellas, estuvieron presentes familiares de los cuatro encausados gasteiztarras, Unai Romano, que declaró como testigo la pasada semana ante la Audiencia Nacional en Madrid, y caras bien conocidas de la sociedad gateiztarra como Jesús Valencia, Andoni Txasko, Imanol Olabarria y Amparo Lasheras.
El lunes hubo movilizaciones en favor de los presos políticos en localidades como Iurreta (58), Deustua (50), Santurtzi (75), Ondarroa (70), Zaldibia (18), Euba (7), Berango (23), Otxargoaga (22), Laudio (46), Gernika (30) y Astigarraga (22).
