Las urnas se abren a las siete de la mañana en Irlanda, el único Estado miembro de la Unión Europea en el que los ciudadanos podrán ejercer su derecho a decidir sobre el contenido del Tratado de Lisboa, que ha sido aprobado por los parlamentos del resto de sus integrantes.

Si bien la campaña en torno al Tratado empezó despacio, ésta fue cobrando intensidad en la última semana, sobre todo a raíz de una encuesta de opinión publicada en el diario «Irish Times» el pasado sábado que apuntaba que los votantes indecisos estaban optando por el rechazo al documento. El resultado de la consulta, que se dará a conocer mañana por la tarde, ya que el recuento -manual- no se iniciará hasta las nueve de la mañana del viernes, es en estos momentos inpredecible, ya que los porcentajes de apoyo a ambas opciones están muy igualados y dependerá de los índices de participación y de la decisión final de los indecisos.

Ésta ha sido una batalla desigual, en la que los partidos tradicionales y mayoritarios se han aliado en su apoyo al documento, protagonizando, incluso, imágenes insospechadas como el de la comparecencia conjunta de los líderes de Fianna Fail, Fine Gael y Labour, así como de la confederación empresarial y sindical. Sin embargo, tanto en la derecha y en la izquierda, como en los sindica- tos e, incluso, entre el empresariado se han alzado voces que rechazan el Tratado de Lisboa, contra el que un solo partido con representación parlamentaria, Sinn Féin, ha hecho campaña.

A los argumentos de los contrarios al documento quienes lo apoyan respondieron con descalificaciones. El mayor esfuerzo de las europarlamentarias de Sinn Féin, Mary Lou McDonald y Bairbre de Brún, y del líder republicano, Gerry Adams, ha sido clarificar que su postura no es euroescéptica, sino la de aquellos que quieren una Europa diferente, cuyo pilar básico sea el beneficio social y los derechos de los ciudadanos, frente a una propuesta de políticas comunes que busca un beneficio puramente económico.

Debate en torno a dos modelos

Así pues, en Irlanda se ha dado un debate entre dos modelos de Europa: el social y el económico. Aquellos que apoyan el Tratado afirman que las reformas que contiene aseguran una mayor eficiencia de las instituciones y, en particular, de la Comisión. Quienes se oponen al documento, sostienen que lo que se asegura es la concentración de poderes en manos de comisarios sin mandato democrático y a los que no se les puede pedir cuentas por su actuación. Unos hablan de una Europa más fuerte, con una voz única; otros de una Europa que deja atrás a los estados pequeños para dar mayor poder a los más poblados. Unos presentan una Europa que puede ser alternativa frente a EEUU; otros alertan sobre una Europa que quiere ser EEUU. Unos afirman que el Tratado defenderá los derechos de los trabajadores y ciudadanos, gracias a la Carta de Derechos Fundamentales; mientras que los otros mantienen que esos derechos han sido ya infringidos por la Corte Europea, que al sopesar intereses económicos y sociales, opta siempre por proteger los primeros.

Y a este debate general se añaden cuestiones «locales» como son el impacto en la neutralidad de Irlanda del creciente rol del Ejército Europeo y de la Agencia de Defensa Europea y sus vínculos con la OTAN, y la posible homogeneización de los impuestos, que daría al traste con el estatus especial del impuesto de sociedades irlandés que ha impulsado el crecimiento económico de este Estado, entre otras.

Aquellos que defienden el «sí» al Tratado han remarcado en varias ocasiones que los ojos de 500 millones de europeos están puestos en Irlanda. Y es que hoy en día sólo los irlandeses tienen el derecho al voto que les ha sido denegado al resto de los ciudadanos de la Unión Europea.