Varios siglos antes de la venida de Cristo, el pueblo judío dejó de pronunciar el nombre de Yahvé y éste pasó a ser el «innombrable». Pues bien, para algunas personas Nafarroa es algo parecido. Conforman éstas una casta sacerdotal autoerigida en guardián e intérprete única de los sagrados textos forales. Solamente ella puede usar el nombre de Nafarroa y decidir lo más conveniente para su existencia. Los demás no; los demás, si lo hacen, serán tachados de blasfemos y condenados a las más horrendas penalidades. En cualquier caso, como casi siempre que los sumos sacerdotes pontifican sobre el bien y el mal, también aquí abunda la hipocresía más descarada.

Nada más presentarse a Zapatero por Ibarretxe el llamado «borrador de Loiola» (documento generado en las negociaciones entre Batasuna y PSOE, las cuales, a su vez, fueron denunciadas por antinavarras), el gran Sanedrín bramó airado. Sanz y su Gobierno afirmaron que aquello era un «desafío», una «provocación» y un «despropósito». Días después, con los votos a favor de UPN, CDN, PSN e IU (NaBai se abstuvo), el Parlamento aprobó una declaración exigiendo al Gobierno vasco «respeto» a la Comunidad Foral y requiriendo al Gobierno de Nafarroa para que «defienda con todos los medios legales a su alcance la actual realidad institucional». También Batzarre criticó con firmeza a Ibarretxe afirmando que era «inadmisible que éste se arrogue la representación de los cuatro territorios» y actúe «al margen de las instituciones navarras».

El actual marco institucional navarro, el Amejoramiento, tiene su origen en unos pactos previos, firmados entre el entonces presidente de la Diputación franquista, Amadeo Marco, y el ministro del Interior de UCD, Martín Villa. Sobre esta base, y tras excluir a un tercio de la representación parlamentaria (Agrupaciones Populares, ORT, Herri Batasuna), se negoció con Madrid el texto del Amejoramiento, el cual, al contrario de lo que sucedió en el resto de comunidades autónomas, nunca fue refrendado por el pueblo navarro. Así pues, el actual Amejoramiento no es ningún libro sagrado al cual haya que rendir reverencia o pleitesía alguna, sino algo viciado en origen, de carácter profundamente antidemocrático. Por ello, hablar del futuro de Nafarroa y hacer propuestas sobre éste, no sólo no atenta contra nada, sino que, al contrario, debe ser el primer paso a dar para poder subsanar esa profunda deficiencia.

La actual mayoría parlamentaria, UPN-CDN-PSN, es la heredera de quienes cometieron aquel fraude y negaron al pueblo navarro su derecho a decidir libremente su futuro. Durante veintiséis años un pacto de hierro entre estas fuerzas ha permitido mantener este estatus antidemocrático, condenando a su vez a todo aquel que se atreviera a criticarlo. Sin embargo, mientras no se abra un proceso plenamente democrático en el que todas las propuestas puedan libremente defenderse y votarse, y no sea el propio pueblo navarro quien resuelva finalmente sobre su futuro, la realidad institucional navarra no estará asentada en bases firmes de democracia y soberanía.

Quienes acceden gustosos a que todos los días del año se hable y resuelva desde Madrid y su Congreso sobre cientos de temas que afectan directamente a nuestra tierra, se rasgan las vestiduras ante negociaciones como las que protagonizaron Batasuna y el PSOE o propuestas como la de Loiola, asentadas ambas en el más pleno respeto a la decisión que el pueblo navarro pudiera tomar al respecto. Partidos como el PSOE/PSN y PP/UPN, que han impuesto a las Bardenas un uso militar subordinado a los intereses de la OTAN, saltando así por encima del rechazo que Nafarroa dio a este engendro criminal y de los reiterados acuerdos parlamentarios y municipales favorables a su desmantelamiento, se revuelven ahora rabiosos por el mero hecho de que se habla de de Nafarroa desde ámbitos distintos al por ellos caciqueado.

Además, el Gobierno de Nafarroa no sólo se ha pronunciado en contra de la propuesta de crear un «órgano constitucional común» (posibilidad ésta que, incluso, encuentra respaldo legal en el marco constitucional y foral vigente, tal como en su momento suscribieron en Nafarroa los socios del tripartito» PSN-CDN-EA), sino de la propia consulta propuesta ahora por el lehendakari, la cual es considerada «totalmente fuera de lugar y un despropósito». Así, mientras se valora como una intromisión que Otegi o Ibarretxe hablen de Nafarroa, el hecho de que Sanz reclame al Gobierno de Zapatero que rechace la consulta a realizar en la CAV no es ingerencia alguna. Tiene gracia la cosa.

Salvadas las distancias, algo parecido ocurre con Batzarre, fuerza de ámbito exclusivo navarro que, mientras considera que Ibarretxe se ha arrogado una representación que no tiene, no ha dudado a la hora de dar su apoyo a la moción presentada en su día en el Ayuntamiento de Arrasate, relativa al atentado mortal contra su ex concejal Isaías Carrasco, a fin de impedir que ANV detentase la alcaldía de aquella localidad. Es decir, nosotros podemos pronunciarnos, proponer, condenar y exigir cuanto nos venga bien, donde sea y a quien sea, pero los demás no. Nafarroa es intocable, Arrasate no.

En estos tiempos que corren de globalización neoliberal en los que todo se privatiza y se somete al poder de las transnacionales, incluidos conocimientos milenarios indígenas y descubrimientos genéticos de última hora, la propia democracia ha sido también patentada por el poder. De ser concebida ésta como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ha pasado a ser inscrita como propiedad privada en los distintos registros constitucionales y amejoramentados existentes en nuestra sociedad. El pueblo ya no es fuente de la democracia, sino un mero consumidor de sus elecciones. Quienes impusieron en su día monarquía, ejército, unidad indivisible de la patria, división de Euskal Herria y una Nafarroa amordazada hablan hoy de intromisiones. Denuncian pajas en ojos ajenos y no ven vigas en los propios.