Las instituciones, en general, por muy ajenas que sean a los intereses reales de la sociedad que dicen representar, necesitan reflejar en alguna medida los problemas y las perspectivas que emanan de ésta. Siquiera para poder neutralizar las ansias de cambios más profundos que existen en esas comunidades. En un momento en el que las instituciones padecen una profunda crisis de legitimidad derivada de la escasa conexión entre los políticos profesionales y sus representados, éstas necesitan integrar las reivindicaciones que, a partir de cierto punto y como consecuencia de su desidia, son compartidas no sólo por un sector concreto, sino por toda una sociedad que en el resto de asuntos permanece dividida. Los ejemplos clásicos son la ecología o el feminismo, casos en los que, ante la necesidad de responder a críticas de carácter estructural, las instituciones han adoptado un discurso que recoge las peticiones de esos movimientos pero con el objetivo evidente de neutralizarlos. Pero existen ejemplos más concretos y cercanos.

Por ejemplo, los planes que el Estado francés ha programado para Ipar Euskal Herria -primero fue Pays Basque 2010 y ahora es su heredero, Pays Basque 2020-. Planes que buscan neutralizar la exigencia de un reconocimiento territorial que traspasa con creces el ámbito del movimiento abertzale. Exigencia que proviene no sólo de quienes defienden una institución para vertebrar Nafarroa Beherea, Lapurdi y Zuberoa con el resto de territorios vascos, sino también de quienes en el día a día cada vez tienen más problemas para justificar una estructuración institucional que no responde a las verdaderas necesidades de sus habitantes.

Ayer el Consejo de Desarrollo y el Consejo de Electos presentaron una nueva fase de ese plan que tiene que concretarse en el Contrato Territorial. El problema es que para el Estado francés «Pays Basque» no deja de ser o una marca asociada al turismo o, simplemente, un problema que no saben cómo atajar. La solución no es cambiar la fecha, sino cambiar de política.