Son ya 29 los presos políticos vascos a los que se les ha aplicado la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo español, una sentencia que contradice años de jurisprudencia de ese mismo tribunal. Los últimos en recibir ese castigo añadido al que en su día les impuso la Audiencia Nacional española y que el próximo 2 de julio habrán cumplido con creces, son Inés del Río y Pello Odriozola, en prisión desde 1987 y 1988 respectivamente. Esta decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria pretende que tras más de 20 años en prisión permanezcan alrededor de 10 más. Es decir, la cadena perpetua en la práctica, aun cuando la legislación española no la recoge. Estas condenas de por vida, en el contexto de una política penitenciaria especialmente cruel, son una muestra de la utilización con fines políticos del Derecho, pues no se entiende una supuesta aplicación del mismo, con un claro componente de venganza, por medio de interpretaciones contradictorias y de carácter retroactivo. Este tratamiento penal se aplica a un colectivo al que los diferentes gobiernos han venido negando su carácter político; sin embargo con él han pretendido y pretenden una renuncia política de ese colectivo. Organismos antirrepresivos y solidarios han dado la voz de alarma por estas graves vulneraciones de derechos elementales, y verdaderamente no sin motivo, a tenor de los efectos de las mismas.