El memorando aprobado ayer en el Parlamento de Gasteiz por la comisión especial creada para esclarecer los hechos ocurridos en la capital alavesa el 3 de marzo de 1976, en el que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía española, es «insuficiente» y «no colma las aspiraciones» de Asociación de Víctimas 3 de Marzo. En el dictamen, según entienden las víctimas, no se recoge la intencionalidad de la actuación policial «no ya dentro de los hechos probados, sino ni tan siquiera en el apartado de los indicios».

Además, recuerdan que el preámbulo del texto aprobado reconoce que el objeto del mismo es «corregir actuaciones anteriores en las que, en base a versiones mentirosas, se había negado a los afectados del 3 de marzo todo reconocimiento y consideración, impidiéndose por ejemplo, ser acogidos en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo», por lo que «no entendemos que no se recoja como anexo o necesidad final el instar al Gobierno Central a que corrija la injusticia cometida».

Entiende la asociación de víctimas que «en tanto en cuanto el Gobierno Central eluda o rechace ese deber, debería ser el ejecutivo autónomo el que diera los pasos necesarios».

Además, se preguntan: «¿Como vamos a creer, después de ver tantas promesas ratificadas y acordadas por mayoría en numerosas ocasiones e instituciones que se han incumplido, que ahora se vaya a llevar a efecto un acuerdo verbal de algunos grupos en el sentido de abordar este problema en un próximo futuro?».

Crítica de Ezker Abertzalea

El dictamen -que deberá ser ratificado en Pleno por el Parlamento- fue apoyado por todos los grupos políticos, a excepción de Ezker Abertzalea y el PP. El grupo parlamentario abertzale basa su voto negativo en que el texto no cubre las aspiraciones de las «víctimas de la masacre».

Abundan en que «el tema no ha sido tratado con profundidad y no recoge lo que la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha reivindicado una y otra vez; que los acontecimientos acaecidos entonces fueron premeditados y la necesidad de reflejar las injusticias cometidas con anterioridad».

El texto aprobado sí considera que de los hechos «dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas» de, entre otros, el entonces ministro de Interior, Manuel Fraga.