El Gobierno del presidente George W. Bush recibió ayer un nuevo revés con la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de reconocer el derecho de los detenidos en la base militar de Guantánamo, situada en el sudeste de Cuba, a acudir a las cortes federales para revisar su detención y reclamar su puesta en libertad. En 2006, el Congreso estadounidense había aprobado una ley impulsada por Bush que retiraba a los sospechosos de «terrorismo», catalogados como «combatientes enemigos», el derecho al «habeas corpus» y, con ello, a revisar judicialmente sus detenciones.

Por cinco votos contra cuatro, los magistrados dictaminaron que los extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos que protege la Constitución de EEUU. Consideraron que aunque Guantánamo está oficialmente en territorio cubano, la base militar funciona, de hecho, como un territorio estadounidense donde al texto constitucional debe aplicarse. Es la primera vez que el Supremo establece que los detenidos en Guantánamo gozan de los mismos derechos que la Constitución reconoce al resto.

El Alto Tribunal determinó que las juntas militares creadas para juzgar a los detenidos en Guantánamo no constituyen un mecanismo justo para evitar el encarcelamiento de inocentes. Esos tribunales ya fueron invalidados en junio de 2006 por esta corte, pero reestablecidos meses después por el Congreso.

Sin derechos

Ante esas juntas de excepción, denominadas formalmente «tribunales de revisión del estatus de los combatientes», los detenidos no tienen derecho a abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como prueba confesiones obtenidas bajo tortura.

La decisión del Supremo debería permitir a los presos obligar al Gobierno a presentar las pruebas en las que se basa su detención, un planteamiento rechazado por la Administración en nombre de la seguridad nacional. Además, abre las puertas de los tribunales federales a los presos que quieran denunciar posibles malos tratos.

El dictamen de la máxima corte del país permitirá a los prisioneros escapar del sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales ordinarios, donde un juez federal evaluará las razones para su encarcelamiento.

En Guantánamo hay actualmente unos 270 presos, de los 800 que han llegado a pasar por la prisión abierta allí a comienzos de 2002.