Ayer los irlandeses del sur de la isla votaron en referéndum sobre el Tratado de Lisboa, versión revisada y concentrada del anterior texto constitucional que los franceses y holandeses ya obligaron a retirar en consultas similares a la desarrollada ayer. La participación fue baja y eso mismo demuestra que, además del profundo desconocimiento existente -más bien se podría hablar de desinformación promovida por los propios entes europeos-, la Unión Europea resulta tan ajena a los intereses reales de la ciudadanía europea que ni una cuestión tan importante como la dirimida ayer puede superar esa barrera de la indiferencia.

Los resultados se irán conociendo a lo largo de la jornada de hoy o incluso de mañana, pero más allá del resultado de la consulta en Irlanda, el sistema de adopción vía decreto que han asumido la mayoría de Estados miembros de la UE supone un contraste suficiente como para sacar unas primeras conclusiones. Especialmente porque, además de no consultar a sus ciudadanos sobre el este tema, la mayoría de gobernantes europeos se han permitido el lujo de pontificar contra las fuerzas irlandesas que, desde diferentes puntos de vista, han defendido el no al Tratado.

El más obsceno de los argumentos contra el referéndum de Irlanda es aquel que proviene de los altos mandatarios europeos y sostiene que el destino de todo Europa y de sus habitantes no puede estar en manos de tan sólo tres millones de votantes irlandeses. En realidad, es la voluntad de unos pocos miles de personas -políticos y burócratas europeos, en su mayoría no elegidos democráticamente- la que prevalece sobre la voluntad silente de cerca de 500 millones de ciudadanos europeos. Millones de personas que a estas alturas sólo pueden esperar que el referéndum del sur de Irlanda deje a la vista de todos la locura que supone presentarse ante el mundo como el modelo de la democracia moderna y a su vez hurtar a sus representados el derecho a decidir sobre su propio gobierno y destino.