Garzón encarcela a las dos hermanas, que rechazaron las imputaciones
Las dos empresarias de Orio arrestadas la madrugada del miércoles fueron enviadas a prisión ayer por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El magistrado les acusa de haber pagado de forma «voluntaria» 6.000 euros a ETA. Según las agencias de información, las dos hermanas negaron las imputaciones si bien habrían reconocido que entre los años 2003 y 2005 recibieron dos cartas firmadas por la organización armada que destruyeron e ignoraron.
GARA |
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional de las empresarias Maribel y Blanca Bruño, detenidas en la madrugada del miércoles por la Guardia Civil en Orio. Garzón les acusa de haber realizado supuestos pagos «voluntarios» a ETA.
Las dos hermanas declararon ante el juez a primera hora de la mañana, y las agencias de información españolas aseguraron que negaron las imputaciones, aunque habrían reconocido que entre los años 2003 y 2005 recibieron dos cartas firmadas por la organización armada, a las que no respondieron.
Sin embargo, el juez del tribunal especial sostiene en su auto que habrían pagado a ETA una cantidad que ascendería a los 6.000 euros. Según las agencias, el juez contaría como prueba de las acusaciones con una «carta de agradecimiento» por el pago incautada tras la operación policial realizada en Burdeos, el pasado 20 de mayo. Cuatro ciudadanos vascos a los que se relacionó con el «aparato político» de ETA fueron arrestados en dicha operación: Xabier López Peña, Igor Suberbiola, Jon Salaberria y Ainhoa Ozaeta.
Asimismo, el magistrado asegura en el auto que el pago se realizó de forma «voluntaria», pese a reconocer que en las cartas remitidas les habrían exigido cantidades muy superiores -en concreto de 120.000 y 30.000 euros- a las supuestamente abonadas.
En este sentido, el juez destaca que en la supuesta carta incautada en Burdeos se les anima a las dos empresarias de Orio «a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas al proceso de liberación, con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la organización».
Garzón llega a la conclusión en el auto de que ese texto «denota proximidad ideológica» y que tienen «la vía para seguir colaborando con ETA». Por todo ello, justifica el encarcelamiento para «evitar la reiteración del apoyo o colaboración con ETA».
Firmantes de Aukera Guztiak
En esa misma línea, es destacable que tras conocerse el arresto de las dos empresarias guipuzcoanas por la Guardia Civil, las agencias de información españolas hicieran hincapié, como elemento inculpatorio, en que una de ellas figuró como segunda suplente en la lista electoral de Euskal Herritarrok.
En las informaciones remitidas ayer por las agencias también se resaltaba que las hermanas aportaron su firma para la constitución de la agrupación electoral Aukera Guztiak, que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2005, poco antes de las elecciones autonómicas.
Aralar, por su parte, aseguró tras conocerse el encarcelamiento que «las ideologías no se pueden juzgar» y pidió su inmediata puesta en libertad.
En denuncia del encarcelamiento de sus convecinas, cerca de 130 oriotarras se manifestaron ayer por la localidad costera convocados por el grupo municipal de la izquierda abertzale.
Cerca de 60 electos de Ipar Euskal Herria mostraron ayer su apoyo a la manifestación que ha organizado Askatasuna para mañana en Baiona. La movilización, que recorrerá las principales vías de la capital labortana, partirá a las 16.30 de la plaza de los vascos bajo el lema «Aski da! Mespretxutik onarpenera».
Entre los electos se encuentran los alcaldes de localidades como Lakarra, Urepel, Aldude, Banka, Mendibe, Arrosa, Behorlegi, Suhuskune, Anauze, Azkarate, Eiheralarre, Izura, Bunuze y Sara. El Ayuntamiento de este último municipio también ha aprobado una moción en la que se denuncia el incremento de la represión en Ipar Euskal Herria en los últimos meses y se hace un llamamiento a participar en la manifestación del sábado. En ese escrito, entre otras cuestiones, se recuerda que en la actualidad hay 740 presos políticos vascos, 170 de ellos encarcelados en prisiones del Estado francés, y se censura el tratamiento «cruel» que sufren a manos de las autoridades penitenciarias. Asimismo, se critican con dureza los «montajes policiales y judiciales», el encarcelamiento de militantes y la «criminalización de la solidaridad».
En Ziburu, además, la semana pasada se celebró una concentración para hacer un llamamiento a participar en la marcha.
