Organizaciones convocantes de la huelga mantienen el paro, pese a los últimos abandonos como el de la asociación guipuzcoana Guitrans, que deja la huelga con el aval del 75% de los asambleístas.

Así, las protestas seguirán hoy en las carreteras. Los trabajadores autónomos del transporte del sector ligero, por ejemplo, marcharán hoy desde el polígono Lezama Leguizamón, en Etxebarri, hasta la Plaza del Sagrado Corazón y volverán al punto de partida para denunciar que «los acuerdos alcanzados entre el Gobierno español y la Comisión Nacional del Transpoirte por carretera no satisface a los pequeños transportistas autónomos, porque las medidas acordadas van dirigidas a las grandes empresas y al transporte pesado, olvidándose del transporte ligero».

Tradisna, que mantiene el paro, ha convocado a sus asociados a una asamblea hoy, a las 10.00 horas, para «decidir sobre las acciones informativas y reivindicativas para los próximos días». Además, señala su compromiso con el suministro de la cabaña animal, recogida de leche, sacrificio de animales y abastecimiento a la sociedad.

Entre las valoraciones recogidas ayer, Jon Mikel Abellanal, de la Plataforma en defensa del Transporte de Euskadi, aseguró a GARA que «la presión policial es enorme» y que «sicológicamente lo que están haciendo es explicar que lo que ese ha firmado beneficia a todos cuando es mentira». Señaló que «el problema es estructural» y precisó que «en 1999 había 148.000 autorizaciones tarjetas de transporte y tras liberalizar el mercado hay 300.000, por lo que se calcula un excedente de unas 90.000», con el consiguiente problema para la recolocación de esa gente y la caída de precios, al margen del problema de la carestía del carburante. Abellanal reconoció que existe «desconfianza entre los autónomos» y las grandes organizaciones, porque afirma que en otras crisis del sector firmaron supuestas mejoras que no han sido tales.

Hiru llevó ayer la demanda de «la factura propia para el transporte» a Nafarroa, donde se reunieron con asociados a Tradisna. En Berrioplano, según manifestaron a GARA, la Policía Foral detuvo e identificó a los transportistas.

Mientras, a Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) instó a sus empresas socias «a reanudar su actividad normalmente» una vez alcanzados sendos acuerdos con el Gobierno español y los cargadores. Aseguró que se han pactado 54 medidas que permitirán paliar la crisis derivada del incremento del precio del gasóleo y del descenso de actividad, mientras que con los cargadores se han acordado otras para fortalecer la estructura de las empresas.

Resuelto en cierta medida el abastecimiento en el comercio y las gasolineras, los efectos de la huelga del transporte por carretera en la actividad industrial, especialmente en la siderurgia y en la industria del automóvil, protagonizaron ayer la cuarta jornada de paros.

Así, en Hego Euskal Herria, Mercedes, Volkswagen, Irizar, Orona, Fagor, BSH de Eskiroz, KYBSE o Luzuriaga fueron algunas de las plantas que tuvieron que detener la producción por falta de suministros. No obstante, Mercedes y Volkswagen comunicaron que ranudarían hoy la actividad. La dirección de la planta de Landaben dijo haber dejado de fabricar más de 2.000 coches en casi dos jornadas de paro de la producción.

La factoría de Michelin en Gasteiz anunció que cerrará a partir del mediodía de hoy uno de sus talleres El cese será de 24 horas y afectará a alrededor de cien trabajadores.

Sidenor, por su parte, anunció que parará sus dos trenes de laminación en la fábrica de Gasteiz. Indicó que si esa planta, que emplea a 300 trabajadores, no recibe palanquilla, los trenes de laminación no podrán seguir trabajando. Sin embargo, aclaró que la fábrica de Basauri funciona con normalidad.

Firestone, en Bizkaia, y Vega Mayor, en Nafarroa, son dos de las empresas que anunciaron regulaciones de empleo. En el primer caso, el expediente afecta a 800 trabajadores de la planta de Basauri, y a 540 empleados de la firma navarra.

Sin embargo, el sindicato ELA denunció que se aluda a «causa de fuerza mayor» para tapar «incompetencia organizativa», porque no considera razonable que a 48 horas del inicio de la huelga se aluda a razones de almacenamiento para mandar a trabajadores al paro y precisó que estudia movilizaciones.