Juicio contra el movimiento pro-amnistía
Reivindican el estatus político de los presos en la resolución de conflictos
Una delegación de ex prisioneros republicanos irlandeses que se encuentra de visita en Euskal Herria respaldó ayer el trabajo de los procesados en el juicio contra el movimiento pro-amnistía y denunció la «criminalización» de la solidaridad con los represaliados vascos. A su vez, revindicaron la importancia que tuvo el reconocimiento de la actividad política de los presos en las negociaciones para la resolución del conflicto irlandés.
Manex ALTUNA | BILBO
Ocho miembros de la asociación de apoyo a ex presos republicanos irlandeses Coiste ofrecieron ayer una rueda de prensa en Bilbo junto a varios de los imputados en el sumario 33/01. La delegación de antiguos prisioneros mostró su solidaridad con los encausados en el juicio contra el movimiento pro-amnistía y denunció la «criminalización» de la que son objeto.
Según destacó el abogado y procesado Julen Arzuaga, la visita irlandesa se produce en un momento en el que «se pretende criminalizar la denuncia de la violencia del Estado, la solidaridad con los represaliados, en concreto, con los presos políticos y las propuestas de resolución». Arzuaga recordó que la semana que viene el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional contra el movimiento pro-amnistía entrará en su fase final.
El letrado reconoció que, aunque existen diferencias importantes, la experiencia del proceso irlandés puede aportar claves para resolver la situación política en Euskal Herria, y mostró su deseo de que así sea.
Los miembros de Coiste dieron testimonio de su aportación a la resolución del conflicto irlandés y revindicaron la trascendencia que tuvo el reconocimiento del estatus político de los presos y su intervención en las negociaciones que fructificaran en el acuerdo de Viernes Santo. En este sentido, destacaron que el gobierno británico y todos los agentes se esforzaron por buscar una solución política que contrasta con la apuesta por «vías represivas» emprendida por el Estado español tras el fallido proceso de negociaciones como criticó Arzuaga.
El director de Coiste, Michael Coulbert, explicó que la asociación a la que pertenece representa los intereses de aproximadamente 16.000 ex prisioneros republicanos y sus familias, y señaló que la realidad que han podido conocer de Euskal Herria «es algo que sucedió en Irlanda, donde la voluntad de las autoridades británicas era criminalizar a todo el movimiento republicano».
Sin embargo, resaltó que el Gobierno británico «tuvo que cambiar de parámetros y pasar de esa idea de criminalización a un escenario de diálogo y, posteriormente, de negociación».
Coulbert especificó que la organización de la que forma parte es «reconocida» por el resto de partidos políticos, agentes sociales e instituciones internacionales, y que su actividad es «pública».
Imposible ilegalizar
Según indicó, participa abiertamente en conferencias y mítines que se organizan en el parlamento de Stormont o en los que realiza el Gobierno del Norte de Irlanda. El ex preso republicano declaró que los «contactos» que mantiene con el resto de agentes le otorgan el «reconocimiento» y la «legitimidad» para hacer propuestas y hacer política en su condición de ex preso político. «Es algo que sucedió antes y después de mi puesta en libertad», añadió.
A su juicio, es «imposible» ilegalizar la actividad en favor de los presos políticos, y mostró como ejemplo que la organización a la que representa recibe fondos y financiación del Parlamento europeo desde 1997, un año antes de que cristalizaran los acuerdos de resolución.
Coulbert trajo a colación que el año pasado recibieron la visita de un ministro de Sudáfrica, quien les reconoció que el principal escollo con el que se encontraron para dar una solución al conflicto fue la desmilitarización y la entrega de las armas, que se solventó también en este caso con el reconocimiento de las raíces políticas del conflicto.
«Lo que ayudó a superar esas reticencias fue el reconocimiento expreso de la naturaleza política de la resolución», declaró. Por ello, incidió en que sin la participación activa de los prisioneros políticos no hubiese sido posible que «las armas se fueran» y hubiera «métodos de trabajo en otros parámetro y se impulsara el proceso de paz abierto».
Diálogo y negociación
Por su parte, Sean Lynch recordó que cuando fue arrestado y gravemente herido en 1986 por el ejército británico, le condenaron como «criminal» a una pena de 29 años, pero que con el avance de las negociaciones se comenzó a excarcelar a los presos y así «se superó la criminalización y se pasó a otorgarles el estatus político».
Lynch destacó que para que el proceso de paz se desarrollara con éxito una de las claves fue «que se tratara con todos los agentes y sujetos del conflicto y se abordaran todos los problemas que generaban el conflicto». A su vez, señaló que para que la experiencia de Irlanda pueda funcionar en Euskal Herria, los tres elementos básicos son «comunicación, diálogo y negociación».
La asociación Coiste surgió con el objetivo de apoyar y ayudar a los ex prisioneros republicanos irlandeses antes de que se firmará el acuerdo de Viernes Santo. Según explica Michael Coulbert, ejercen de «lobby» para defender las posiciones políticas de los antiguos presos ante agentes sociales y políticos tanto a nivel internacional como a nivel local, pero destaca la labor que realizan para resolver los problemas a los que tienen que hacer frente los ex prisioneros ofreciéndoles empleo y, sobre todo, recabando ayuda económica. Coiste cuenta con 11 oficinas repartidas por toda la isla y se caracteriza por la apuesta que han realizado por los «tours políticos» para conocer lo ocurrido en el conflicto irlandés desde el punto de vista republicano. Entre esas actividades se encuentran excursiones a cárceles como Maze o Long Kesh, paseos por las calles de Belfast para ver los murales, así como a otras zonas como Derry o el sur de Armagh.
El juicio contra el movimiento pro-amnistía que se está celebrando en el recinto habilitado en la Casa de Campo por la Audiencia Nacional y en el que están encausados 27 ciudadanos vascos entra la semana que viene en su fase final.
Cuestionado por las filtraciones sobre las altas condenas que recaerían sobre los procesados, Arzuaga insistió que desde el inicio del proceso han denunciado que consideran que la sentencia está escrita de antemano.