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La apisonadora jacobina relega una vez más al euskara y ratifica la hegemonía del francés

El euskara y las demás lenguas minorizadas del Estado francés tendrán que continuar su batalla por la supervivencia sin el mínimo reconocimiento oficial. Los senadores no quieren verlas reflejadas en la Carta Magna y para el Gobierno no es un tema «prioritario».

Arantxa MANTEROLA

El Senado francés, en clara oposición a la postura mayoritariamente adoptada por la Asamblea Nacional tres semanas antes, rechazaba el 18 de junio -también por amplia mayoría- la reforma para añadir en el artículo 1º de la Constitución que «las lenguas regionales forman parte del patrimonio nacional».

No es que la frase en cuestión supusiese un avance cualitativo importante en el reconocimiento de las lenguas minorizadas, porque de hecho el artículo 2º que reza que «la lengua de la República es el francés» sigue intacto, pero, como manifestaron incluso organismos que trabajan para lograr la oficialidad de dichas lenguas, traducía un pequeño cambio en la intransigente posición mantenida tradicionalmente por el Estado.

Es evidente que la proclama de la Academia francesa, hecha pública -oportunamen- te- unos días antes, ha pesado en la decisión de los senadores, pero tampoco lo es menos que éstos se han valido de la misma, con evidente intencionalidad táctica, para rechazar otras propuestas del Gobierno en la reforma sobre la modernización de las instituciones en la que se engloba la mención sobre las lenguas. Dicho de otro modo, el asunto de los idiomas minorizados podría constituir un factor de presión en el tira y afloja entre Gobierno y Senado, en particular en las modificaciones que afectarían al pluralismo de la representación de la Cámara Alta.

Ahora habrá que ver cuál es el procedimiento que seguirá dicha reforma que, seguramente, tendrá que volver a ser refrendada por la Asamblea Nacional tras la revi- sión de las enmiendas por una comisión bilateral. El diputado bretón de la UMP Marc Le Fur, uno de los principales impulsores del debate que ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de las lenguas denominadas «regionales», no desespera de que los senadores reconduzcan su postura. Sorprendido por la resolución de la «Asamblea de regiones» que creía era «la institución más alejada del jacobinismo y parisianismo», Le Fur ha mostrado su disposición a recomenzar desde ya el trabajo de convencerles para que cambien su «opinión anacrónica» y defiendan «las lenguas de las regiones de las que ellos son electos».

¿Por qué no la gastronomía?

Vistos algunos de los argumentos esgrimidos por los senadores de distinta tendencia política para rechazar la inclusión de la frase de marras, la tarea, desde luego, no será nada fácil. Por ejemplo, el senador socialista de Puy-de-Dôme Michel Charasse preguntaba, en tono burlón, por qué no se incluían en la Constitución «los monumentos históricos, la gastronomía o el cocido de Auvergne». Su compañero de partido Jean-Luc Melenchon, con un matiz más político, aseguraba, sin citar nombres, que «un partido etnicista quiere que se introduzca esa frase en la Constitución para obligar a Francia a ratificar la Carta de las Lenguas Regionales». El senador comunista del Norte, Ivan Renar, aun mostrándose favorable a la promoción de estos idiomas, veía el riesgo de que ello pueda conducir a «un repliegue regionalista o comunitarista». Adrien Gouteyron, senador de la UMP, replicaba que «se pretende conducir a Francia a un sitio donde no quiere ir» y el centrista Yves Détraigne, por su parte, apelaba a «volver a la razón y a preservar nuestra ley fundamental».

Es significativo que senadores de izquierda como el ex ministro de Justicia socialista Robert Badinter y todos los del PC hayan rechazado la modificación, pero también lo es que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los de la UMP no hayan apoyado la iniciativa de su propio Gobierno que, por otro lado, por lo que ha manifestado la ministra de Justicia, Rachida Dati, tampoco considera el asunto como «prioritario» a pesar de que los datos de la última encuesta sociolingüística relativos a Ipar Euskal Herria son más que alarmantes.

Los argumentos de algunos senadores favorables a la inclusión replicando a sus colegas que «veían demonios y no la realidad» o los de la propia Dati afirmando, en nombre del Ejecutivo, que «la frase no cuestiona la supremacía del francés» fueron vanos. Una vez más, y van cincuenta y tres intentos, la vena jacobina pudo más.

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