«¿Quién sanciona al sancionador?». Esa es la pregunta que se hace ELA después de que esta misma semana haya denunciado ante la opinión pública que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Gasteiz incumple la Ley de Prevención de Riesgos laborales (LPRL) en el área de Justicia, en concreto entre el personal funcionario y laboral de los palacios de Justicia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Andoni Barado e Izaskun Gana, delegados de ELA, reconocieron que «hemos agotado todas las vías, ante la perversidad del sistema en el que la Administración es la garante del cumplimiento de una ley que incumple completamente y, por lo tanto, se tendría que autoinspeccionar y autosancionar».

La denuncia sindical está avalada por un año de seguimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los palacios de Justicia. «Hemos constatado la nula voluntad política» de la consejería que preside Joseba Azkarraga. Según Barado y Gana, el Gobierno de Gasteiz «ha hecho caso omiso a nuestros requerimientos, si bien es cierto que lo poco que se ha movido y los pequeños pasos que ha dado, lo ha sido a impulso de las solicitudes que le hemos transmitido, pero. aún así y todo, no se han solventado los incumplimientos más graves».

Las deficiencias constatadas por la central sindical que lidera José Elorrieta son doce y afectan a cuestiones fundamentales. Denuncia, por ejemplo, que Justicia del Gobierno de Lakua no dispone de «plan de prevención de riesgos laborales integrado en el sistema general de gestión del propio departamento». Tampoco cuenta con la evaluación en seguridad ni en los riesgos de higiene laboral, vigilancia de la salud, ergonomía y sicosociología.

«No existe una memoria de la planificación de la actividad preventiva, ni de medidas de control similares a las auditorías para las empresas que no pertenecen a la Administración». Denuncia, asimismo, que «no hay servicio de prevención propio ni ajeno alguno. En 1997 entró en vigor el reglamento para los Servicios de Prevención, hace ya once años y seguimos sin ese servicio». Además, tampoco cuenta con medidas de actuación ante un riesgo grave e inminente: «incumple la normativa sobre protección de la maternidad» y la de información, consulta y participación a los trabajadores, entre otras.

Ante esa situación, ELA planteó diferentes denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el año 2006. «Los requerimientos que realizaron los inspectores fueron incumplidos». Otra demanda se realizó ante Osalan, en la que la central sindical solicitó el inicio del procedimiento para la imposición de medidas correctoras por incumplimiento en esas materias. En 2008, Osalan respondió que no dispone «de personal designado para llevar a cabo el procedimiento reseñado en el Decreto 17/2008 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de la Inspección de Seguridad y Salud Laborales de la Comunidad Autónoma del País Vasco». ELA denuncia «lo que está sucediendo en los palacios de Justicia, ya que contradicen de pleno lo que propaga el Departamento de Justicia en sus campañas publicitarias» y, según precisa, «confirma efectivamente que todo lo que nos dicen no son más que campañas de propaganda».

También se denuncia que «el grado de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales denota que la salud y la seguridad laboral no son una prioridad». De hecho, lamentan que «la falta de recursos que destinan a esta materia se refleja hasta en su propia casa» y «así, difícilmente podrá hacer cumplir las políticas en materia de salud y seguridad laboral en la empresa privada».

En base a este cúmulo de irregularidades «intolerables», ELA pide al departamento que dirige Azkarraga que «atienda de una vez por todas las denuncias realizadas, por el bienestar de todos sus trabajadores, que se ponga manos a la obra y aborde con los recursos que sean necesarios las deficiencias».