Los aborígenes australianos han amenazado con cerrar el acceso al monolito sagrado de Uluru, uno de los destinos turísticos más importantes del país, para protestar por las políticas «racistas» del Gobierno. Hace un año, la Policía entró en los asentamientos de las tribus autóctonas para combatir presuntos abusos a menores y mujeres, fruto de la adicción al alcohol de algunos nativos. La iniciativa fue decisión del entonces primer ministro John Howard y ha sido mantenida por su sucesor, Kevin Rudd. Los aborígenes consideran que esa intervención ha sido perjudicial y denuncian que su objetivo es la expropiación encubierta de tierras.