La Fundación Economistas sin Fronteras y el Colegio Vasco de Economistas organizaron ayer en Bilbo una jornada sobre la inversión socialmente responsable (ISR) para impulsar la utilización de esos fondos más transparentes, sobre todo teniendo en cuenta la actual opacidad existente en el mercado sobre el flujo de capitales en el escenario mundial, en el que el poder económico de los paraísos fiscales aumenta. La principal conclusión que se extrajo de la jornada es que ese tipo de inversión apenas tiene importancia dentro del mundo financiero español, que las empresas emplean la inversión socialmente responsable, sobre todo, para «hacer propaganda» y que la sociedad «desconoce su fin».

En el encuentro se presentó el libro «Cómo fomentar la inversión socialmente responsable (ISR) en España», elaborado por Economistas sin Fronteras. Los criterios para considerar una inversión de estas características son que se tengan en cuenta la igualdad de oportunidades en las empresas, que se valore una dirección y gestión adecuadas, una política sociolaboral justa, unas condiciones de trabajo seguras y positivas y un apoyo al medioambiente, entre otros elementos. Los fondos que no están conceptuados como inversiones responsables a nivel social son lo que invierten en armamento, en juegos de azar, en tabaco y alcohol, en los que no tienen en cuenta los derechos humanos, en los que invierten en empresas contaminantes, y entre quienes experi- mentan con animales o con la manipulación genética; también los que invierten en energía nuclear o apoyan regímenes políticos represivos.

55.000 millones en inversión

La directora general del Tesoro y Política Financiera del Gobierno español, Soledad Núñez, explicó que se está preparando la legislación que permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanza los 55.000 millones en este momento, invierta en bolsa en renta fija, renta variable y también en inversión socialmente responsable (ISR). Se trata de un lavado de cara, dado que el primer intento fracasó, ya que se responsabilizó al Gobierno español de intentar especular con el dinero que acumula de los excedentes de las cotizaciones sociales. «En la actualidad -dijo Núñez- sólo se invierte en deuda pública. Tenemos limitada una mayor rentabilidad, pero el desarrollo de la legislación permitirá esa posibilidad», aclaró.

Dio por supuesto que la nueva legislación entrará en vigor en esta legislatura y que obtendrá el apoyo de los grupos políticos del Congreso español, una vez que se han incluido los fondos socialmente responsables.

Nueva regulación de la ISR

También adelantó que el Gobierno español trabaja sobre una nueva regulación de la inversión socialmente responsable con la fórmula que Gran Bretaña utilizó en el año 2000, que permitía a los fondos de pensiones actuar sobre la misma, siempre y cuando fueran transparentes en la información que se ofrece.

Soledad Núñez reconoció que «la ISR tiene gran potencial de desarrollo en nuestro país». Según los datos que aportó, la inversión socialmente responsable más estricta asciende en el Estado español a 1.500 millones de euros, mientras que en la Unión Europea supera los 105.000 millones, pero si se tiene en cuenta a los fondos que utilizan alguno de los criterios socialmente responsables, ascienden a 25.000 millones en el Estado español y a un billón de euros en Europa.

«Los datos que hay son de 2005. Habrá subido algo la inversión socialmente responsable, pero también lo habrá hecho en la UE. Nos encontramos en el penúltimo lugar, por delante de Austria». Núñez reconoció en el encuentro en la Bolsa de Bilbo que «esa inversión no está a la altura de nuestra posición como plaza financiera, ya que ocupamos la tercera o la cuarta posición, pero estamos al final en la inversión responsable», precisó.

Beatriz Fernández Olit, de Economistas sin Fronteras, presentó el contenido del libro que, entre otras cosas, incluye una encuesta que dibuja «un panorama desalentador», dado que sólo un 3,35% de la población asegura mantener inversiones socialmente responsables. «Ni el ciudadano conoce, ni las entidades financieras motivan para ello». Según explicó, «los ciudadanos, por otra parte, no confían en una gestión ética del sistema financiero».

Por otro lado, en la encuesta se preguntó a las empresas y «sólo un 12% de las empresa dijo haber invertido en inversiones socialmente responsables, pero por imagen».