Fuentes del comité de empresa de TCSA, la compañía que gestiona el servicio de autobús urbano de Bilbo y 37 líneas de Bizkaibus, valoraron que en el juicio celebrado ayer a instancias de la empresa, por considerar la huelga «abusiva, ilegal e ilícita», los argumentos de la dirección «se han venido abajo».

El presidente del comité, José Antonio Fernández, afirmó que TCSA centró su argumentación en que la retirada de los vehículos a dependencias de la empresa suponía «un mayor coste, porque tardaban más tiempo» en reincorporarse al servicio.

A ese argumento, los trabajadores respondieron que «no se podían dejar tirados los autobuses por las calles de Bilbao» y agregaron que el mal estacionamiento puede suponer la retirada de puntos del carné de conducir.

Además, el abogado de la compañía planteó que al no coincidir en el tiempo los paros de los conductores con los de los inspectores o el personal de mantenimiento, el servicio ha resultado afectado durante más tiempo y por tanto con mayor perjuicio económico.

Los abogados de la defensa, por su parte, reseñaron que la orden del Ejecutivo de Lakua en la que se regularon los servicios mínimos no concretó los correspondientes a los servicios auxiliares ni la empresa los impugnó en su momento.

Mientras, los trabajadores secundaron ayer la tercera jornada de huelga de 24 horas por la equiparación con el resto de trabajadores del transporte urbano. La compañía denunció sabotajes contra nueve autobuses.

Los próximos paros serán de dos horas por turno los lunes, miércoles y viernes.

Por otro lado, el Departamento de Empleo del Gobierno de Lakua anunció ayer su mediación en este conflicto.