Sindicatos de Urazca han reclamado que se presente de inmediato el plan de viabilidad del grupo después de que el lunes se alcanzará una acuerdo por el que se indemnizará con 39 días por año trabajado a los 168 empleados a los que afectará el Expediente de Regulación de Empleo incluido en el proceso concursal.

En este proceso se encuentran inmersas todas las sociedades del grupo Urazca a excepción de la de Servicios y Medio Ambiente, según confirmaron fuentes de CCOO.

Tras el acuerdo entre las empresas del grupo Urazca concursadas, la administración concursal y la representación de los trabajadores, se celebró una asamblea con los empleados, en la que se ratificó el mismo, que establece un tope máximo de 21 mensualidades.

Por ello, en principio, está previsto que hoy se firme el Expediente de Regulación de Empleo en la nueva reunión que celebrarán las partes implicadas. Con este expediente la plantilla del grupo se reduciría a 240 personas de las 520 con que contaba en mayo.

Asimismo, fuentes de CCOO indicaron que esperan que en el encuentro de hoy se les presente el plan de viabilidad para el grupo porque, a su juicio, «no se puede demorar más». El grupo Urazca, sometido a proceso concursal desde el pasado mes de mayo, justifica su situación de insolvencia en la crisis inmobiliaria y en los cambios legislativos que se han producido en materia urbanística, aunque asegura que mantiene su «firme intención» de continuar con su actividad.

Costes por su expansión

Así lo expone en la documentación aportada por la compañía ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo, según la firma de abogados Iure, que representa a más de una treintena de empresas afectadas por el concurso de acreedores del grupo.

En ella se apunta como otra de las causas la gran expansión territorial de los últimos años, que ha llevado al grupo a un aumento de los costes financieros mayor de lo esperado, al encontrarse con lo que denomina «costes de aprendizaje», derivados del desconocimiento de las características propias de la actividad de construcción en cada zona geográfica, que han «generado importantes pérdidas no previstas».

La solicitud de concurso voluntario también alude, como causa de la insolvencia, a los rumores que sobre su solvencia que habían circulado en los últimos meses entre los proveedores y subcontratistas, rumores que han sido causa de desconfianza y que, según Urazca «ha provocado una ralentización en la ejecución de las obras».