¿Hubo fraude de ley en la donación (...) del piso donde vivirá Iñaki de Juana cuando salga de la cárcel el próximo 2 de agosto? No lo sé (...), pero resulta llamativo que la fiscalía no se haya planteado el asunto hasta que algunos medios han empezado a señalar con el dedo en esa dirección.

Con la machacona labor previa de esos medios, De Juana se ha convertido en una especie de piedra de toque del antiterrorismo. Lo es para la mayoría de la sociedad española y, en consecuencia, lo es para los políticos del establishment, que son demagogos en el sentido literal de la palabra. Sólo demuestra ser buen antiterrorista quien hace cuanto puede para hundir a De Juana, aunque eso le obligue a «construir imputaciones», según la poco prudente pero muy reveladora expresión puesta en circulación en febrero de 2006 por Juan Fernando López Aguilar, a la sazón ministro de Justicia.

(...) Lo que se plantea, en el fondo, es una cuestión que tiene que ver con los principios del Estado de Derecho: ¿deben la sociedad, en general, y las autoridades del Estado, en particular, conformarse con que el delincuente cumpla la condena que le ha sido impuesta (...), o hay casos en los que es necesario forzar la mano y recurrir a lo que sea para prolongar su castigo, aunque eso obligue a «construir imputaciones»?

Es evidente que ni la mayoría de la sociedad española ni los políticos de los dos principales partidos consideran suficiente que De Juana haya satisfecho su deuda con la ley.

Lo que está en juego, de hecho, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Por qué se hace esto con De Juana, pero no con otros condenados por asesinatos múltiples, algunos de ellos también miembros de ETA?

La respuesta hay que buscarla en el funcionamiento irracional de nuestras sociedades mediáticas y en las facilidades que encuentran algunos para poner en marcha esa bola de nieve que llaman «alarma social».