El papel que juegan los medios de comunicación como termómetro del estado de salud de las democracias occidentales se ha ido transformando en las últimas décadas. Ese cambio no se puede entender como un proceso biológico, es decir, como la inevitable consecuencia del irremediable paso del tiempo. No, lo que ha sucedido es que «el cuarto poder» ha ido difuminándose, incluso formalmente, para pasar a convertirse, en el mejor de los casos, en una especie de oposición no parlamentaria al gobierno de turno. La prensa, en muchos de los estados occidentales, ya ni siquiera aspira a crear opinión, sino a ser una eficiente correa de transmisión de la opinión establecida por los agentes más influyentes del poder político-económico; dependiendo del sector de la ciudadanía a la que se dirige especialmente, cada medio opta por realizar esa labor con distintas etiquetas: unos son «más moderados»; otros, «políticamente incorrectos». Pero la mayoría tiende a alinearse con el partido en el poder en cuestiones claves. Para comprobarlo basta con leer de vez en cuando sus artículos editoriales.

Nuestras lectoras y lectores saben que esta iniciativa periodística nació con una vocación muy clara. Con la herida todavía abierta por el cierre político-policial de «Egin», del que esta semana se han cumplido diez años, GARA expresó en su primer número que tenía, y mantitiene, «la vocación de ser la voz del acuerdo de quienes, desde el respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, consideran que todos los proyectos deben poder defenderse en igualdad de condiciones y que la profundización de la democracia exige depositar en los ciudadanos vascos la última palabra respecto a la conformación de su futuro, palabra que debe ser respetada por los estados español y francés».

Como es lógico, esos principios editoriales chocan con los intereses de quienes defienden a ultranza el actual statu quo en el Estado español, con quienes niegan a Euskal Herria sus derechos nacionales y persiguen a su ciudadanía en la medida en que ésta avanza en el camino del ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Por ello, desde un primer momento, este proyecto informativo viene siendo atacado por los aparatos del Estado que, a fecha de hoy, dirige el Gobierno del PSOE. No ha sido la constatación de las escuchas policiales en nuestra sede de Iruñea una sorpresa, pero tampoco vamos a restar la importancia que tiene a una actitud que, más allá de ser ilegal, refleja la falta de legitimidad que el Estado español tiene en Euskal Herria y la falta de escrúpulos con la que, desde siempre, encara su particular cruzada contra el independentismo vasco.

Profundizar en la democracia

En este contexto político y periodístico, GARA seguirá trabajando para que la democracia se instale realmente en Euskal Herria y para que los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas sean respetados, sean cuales sean los proyectos políticos que defiendan en cada momento. Y, mientras consideremos que nuestro particular esfuerzo contribuye a alcanzar ese horizonte, no nos cansaremos de denunciar la vulneración de derechos que sufre nuestro país por parte de los estados francés y español.

Continuaremos realizando esa labor frente a quienes niegan la evidencia, como ha hecho el Gobierno español a través de una nota policial en el caso de las escuchas denunciadas por GARA esta semana, y frente a quienes consideran que, en esta batalla, su papel es «desinformar», como han dejado patente las principales cabeceras mediáticas de Madrid y Barcelona al ocultar la denuncia de la editora de este diario y la escueta nota oficial en la que, al día siguiente, la Dirección General de la Policía y la Guardia civil negaba las acusaciones de espionaje. Los mismos medios que el 11 de marzo de 2004, en sus primeras ediciones tras los trágicos atentados de Madrid, llevaron la mentira oficial a grandes titulares -quizás los más grandes que hayan publicado nunca-. Lo hicieron porque consideraban que su labor era ésa: transmitir la «verdad oficial» en lugar de buscar la verdad, a secas.

Entonces se puso en evidencia que hay redacciones que tienen línea directa tanto con los más altos despachos de la Policía y de la Guardia Civil como con la Presidencia del Gobierno español, y que a través de esos hilos telefónicos se redacta buena parte de las informaciones sobre el conflicto o sobre la estrategia del Estado respecto a Euskal Herria. También GARA, según se ha detectado ahora, tiene línea directa con esas instancias, pero eso sucede a nuestro pesar.

En estas circunstancias, cuando una denuncia de escuchas policiales en un medio de comunicación destapa una vez más las vergüenzas de quienes se presentan a sí mismos como los adalides de la democracia en Euskal Herria, resulta cuanto menos chocante escuchar al Gobierno de Lakua reclamando justicia, en nombre de la «sociedad vasca», a los integrantes del Tribunal Constitucional español y acusando al Ejectivo de José Luis Rodríguez Zapatero de mover a su antojo los hilos del Poder Judicial para frenar el «autogobierno vasco». En estos tiempos sobran los eufemismos: ni el Parlamento de Gasteiz ni el Gobierno de Lakua son sedes de la soberanía vasca. Y no lo son porque hay quien prefiere acatar la imposición española a construir su propia nación.