Ahora que el juez Baltasar Garzón ha ordenado por fin a la Guardia Civil que aplique a los últimos detenidos el protocolo que se comprometió a aplicar en diciembre del 2006 a todas las personas incomunicadas bajo su responsabilidad, es importante hacer un repaso de lo sucedido desde entonces al respecto.

En un principio, dicho protocolo fue tan ineficaz y propagandístico como el adoptado por la Ertzaintza en febrero del 2003, como lo prueba el caso del primer detenido de ETA que Garzón instruyó tras su promesa: a Iker Agirre lo machacaron, y el magistrado permaneció tan impasible como siempre ante su denuncia.

Posteriormente, a partir de julio del 2007, sí que se ha hecho sentir su efecto, pues aunque su aplicación no ha evitado en absoluto los golpes y las graves amenazas, es obvio que los detenidos a quienes se aplica reciben un mejor trato. Eso sí, hasta ahora sólo dos jueces de la Audiencia Nacional, Garzón y Pedraz, han ordenado aplicar el protocolo, mientras que el resto se ha negado a hacerlo, tanto en el caso de la Policía como en el de la Guardia Civil. Sobre todo este último cuerpo ha protagonizado numerosos casos de brutales torturas, siendo especialmente terribles los de Gorka Lupiañez, Igor Portu y Mattin Sarasola.

La dura realidad es, por tanto, que en la mayoría de las ocasiones ni tan siquiera aplican ese mísero protocolo, y además la principal medida anunciada por Garzón en diciembre del 2006, la de filmar a las personas detenidas durante todo el tiempo en que permanecieran incomunicadas, ha caído en saco roto.

En efecto, las autoridades españolas se escudan, tal y como recoge el último informe del Relator para la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, en la increíble excusa de que las Fuerzas de Seguridad, que han atiborrado desde hace muchísimos años todos los espacios públicos con cámaras de vigilancia, no disponen de capacidad técnica para colocar unas pocas en las comisarías y cuarteles donde se incomunica y tortura a tanta gente.

Ésa es la última de una larga serie de impresentables excusas, como la respuesta que dieron hace más de trece años al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), de que las grabaciones audiovisuales eran una muy buena idea pero que «a corto plazo» no podían efectuarlas debido a problemas presupuestarios; o la dada en la sesión de noviembre del 2002 del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), de que dicha medida se estaba retrasando «porque la querían aplicar realmente bien».

Para su desgracia, las autoridades de la CAV, que también retrasaron cuanto pudieron la adopción de esa medida, no tuvieron otro remedio que anunciar en septiembre del 2005 que iban a adoptarla y, como los Mossos en Catalunya llevan varios años grabando, han quedado en la más absoluta de las evidencias. Por otra parte, desde que la Ertzaintza graba a los detenidos incomunicados no ha habido una sola denuncia contra ellos por torturas en dependencias policiales, y ese dato objetivo se ha venido a añadir a los ya incontables e irrefutables que se acumulan año tras año a favor de dicha medida.

Por eso, no van a poder mantener por mucho tiempo esas increíbles excusas de cara a los prestigiosos organismos internacionales que luchan contra la tortura, y si se sigue incrementando la presión al respecto no tendrán otro remedio que recorrer una senda similar a la recorrida por las autoridades de la CAV que, recordémoslo, tras empezar por aplicar en febrero del 2003 un protocolo que era puro paripé y en absoluto evitó que la Ertzaintza siguiera torturando, un par de años después se vieron obligadas a grabar a los detenidos incomunicados.

En el caso de las autoridades españolas, seguro que nos ha de costar mucho más, pero también es innegable que se dan las condiciones objetivas para obligarles a ello, y aunque intentarán ganar todo el tiempo que puedan, y después harán todo tipo de trampas para evitar un control efectivo de las grabaciones, acabaremos por conseguirlo. ¡Seguro!