En otras ocasiones he mencionado la confesión de López Agudín acerca de la discusión cuando él era alto cargo de Interior, sobre la actuación policial «con red», en sus propias palabras, «el eufemismo que se emplea para designar los malos tratos y la tortura».

Al hilo de las recientes detenciones, que la maquinaria represiva ha presentado como golpe al «comando Bizkaia», se ha podido leer en el medio de comunicación digital «El Confidencial» (www.elconfidencial.com) una crónica que nos recuerda el cinismo con el que se sigue tratando la tortura a los detenidos. Dice el redactor del texto, un tal Aníbal González, que la operación podría haberse adelantado sobre las fechas previstas para ofrecer un regalo benemérito a Zapatero en sus 100 días de Gobierno. Y Añade González que este adelanto ha «impedido que la Guardia Civil efectuara las detenciones del martes a las órdenes del juez Grande-Marlaska». Y, ¿qué más da? -se preguntará mucha gente-. Según «El Confidencial», el hecho de que fueran ordenadas por Garzón ha creado problemas a la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque «Garzón `se ha puesto garantista', hasta el punto de hacer observar ciertas recomendaciones de la ONU en cuanto al trato a los detenidos por pertenecer a banda armada que, no siendo de obligado cumplimiento por los Estados miembros, otorgan a los sospechosos de actividades terroristas unas prerrogativas que hacen realmente difícil la investigación policial a la hora de obtener información de los detenidos»

¡Vaya, vaya! ¡Esto tiene miga! ¿Se puede hacer apología de la tortura de manera más descarada? ¿Las garantías para evitar violaciones de los derechos humanos son prerrogativas? ¿Y por qué dificultan la obtención de información de los detenidos?

La tortura sería imposible sin un marco legal que la haga posible, y dé garantías de impunidad a los torturadores. Y sería también imposible sin periodistas y medios de comunicación que la justificaran. Medios que aplauden los procedimientos de «investigación» de las fuerzas policiales españolas, muchas veces denunciados por Amnistía Internacional y la propia ONU.